La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda discusión un proyecto de ley que crearía el Sistema Nacional de Becas para promover el desarrollo productivo y laboral de la sociedad dominicana.
Esta iniciativa, elaborada por el diputado José Caraballo, tiene el objetivo de garantizarles a los ciudadanos el acceso equitativo a la educación superior, técnica y profesional, por medio de facilidades económicas.
Sin embargo, el congresista también busca asegurar que los jóvenes y adultos becados en universidades del exterior por el Gobierno, regresen durante un periodo de dos a cinco años al territorio dominicano para poner en práctica los conocimientos adquiridos.
De lo contrario, el estudiante graduado tendría que pagarle al Poder Ejecutivo una proporción o el monto total de los fondos recibidos.
Según estableció el legislador en su propuesta, esta obligación está basada “en una condición legítima vinculada al principio de reciprocidad social”.
En caso de ser acogido en dos discusiones por el Senado de la República, quedará en las manos del presidente Luis Abinader decidir si será convertido en ley.
Más obligaciones
Además, el representante del Distrito Nacional colocó otros compromisos con los cuales deberán cumplir los dominicanos beneficiados con las becas.
Uno de estos es mantener el rendimiento académico mínimo, utilizar los recursos otorgados exclusivamente para la formación, entre otros.
Sanciones
Las autoridades podrían castigar con amonestaciones escritas y suspensión temporal de los recursos a aquellos alumnos del programa de becas que incumplan con la entrega de documentación, así como por la falta de actualización de datos requeridos.
Asimismo, estos serían penalizados con el reintegro proporcional de los fondos mal utilizados y, hasta, la inhabilitación para participar en futuras convocatorias por un periodo de tres años en los siguientes casos.
“La utilización parcial de los fondos en fines distintos a los autorizados, obstaculizar los procesos de auditoría y la omisión de informar sobre cambios en la condición socioeconómica”, dicta el documento elaborado por Carballo, integrante del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Cancelación de la beca
La presentación de documentos falsos o adulterados para obtener una beca, el uso fraudulento del apoyo económico y la manipulación de registros académicos provocarían que el estudiante sea penalizado con la cancelación definitiva.
También serían penados con pago total de los fondos percibidos, la inhabilitación para participar en procesos becarios durante hasta 10 años y la remisión del caso al Ministerio Público, donde serían investigados con fines de ser judicializados de manera penal.
Influencia política y corrupción
Los funcionarios que participen en actos de corrupción, favoritismo o asignación irregular de becas podrían ser castigados con las acciones antes mencionadas.
“En el caso de funcionarios, además, se aplicaría lo establecido en la Ley de Función Pública, Compras y Contrataciones Públicas, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, versa el texto.
No obstante, el diputado no especificó cuáles sanciones registradas en las leyes antes mencionadas serían dispuestas en contra de los servidores públicos que cometan infracciones durante su labor en la gestión y administración de becas.
El Conabe sería dirigido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). Además, estaría acompañado del Ministerio de Educación (Minerd), de Trabajo, Juventud, del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), altas casas de estudios privadas, Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y la Asociación de Industrias (AIRD).
