El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, advirtió este martes que la Policía Nacional podría enfrentar demandas civiles por daños y perjuicios a raíz de la muerte de jóvenes durante intervenciones policiales, al considerar que estos casos también generan responsabilidad patrimonial para el Estado.
El funcionario puso como ejemplo el reciente caso de Darlin Mercado, de 19 años, ultimado en el sector Herrera, y sostuvo que, además de la eventual responsabilidad penal individual de los agentes involucrados, la institución policial podría ser demandada por los daños ocasionados.
Valentín Santos recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a varios Estados de la región por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos policiales, al citar los casos Nadege Dorzema y otros contra República Dominicana, Montero Aranguren y otros contra Venezuela y Usón Ramírez contra Venezuela.
Explicó que la jurisprudencia de la Corte IDH establece que el uso de la fuerza debe ser excepcional, proporcional y ajustado a la ley, y que cuando un agente policial causa la muerte de un ciudadano al margen de esos principios, el Estado puede enfrentar tanto responsabilidades penales derivadas de la actuación individual como demandas patrimoniales por parte de las víctimas y sus familiares.
El director de la Defensa Pública afirmó que este tipo de actuaciones deteriora la imagen internacional de la República Dominicana, al exponer al Estado a observaciones de organismos internacionales de derechos humanos y a eventuales condenas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Agregó que el riesgo de demandas civiles aumenta debido a que muchas de las víctimas mortales de intervenciones policiales tienen entre 18 y 25 años, una etapa de la vida que los tribunales suelen valorar al fijar indemnizaciones por daños materiales y morales, por la expectativa de desarrollo personal y productivo de las víctimas.
Valentín Santos exhortó al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General de la Policía Nacional a fortalecer la formación de los agentes en derechos humanos, reforzar los mecanismos de control interno y garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos sobre el uso de la fuerza.
«No podemos seguir perdiendo vidas jóvenes ni exponiendo al Estado dominicano a condenas internacionales y cuantiosas demandas civiles. La seguridad ciudadana debe garantizarse siempre con pleno respeto a la vida, la dignidad humana y el Estado de Derecho”, dijo.
