Productividad judicial, integridad, reducción de la mora (mora cero), transformación digital, calidad de las decisiones, mediación, transparencia, seguridad inmobiliaria y acceso a la justicia fueron algunos de los principales ejes expuestos por siete magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) durante sus evaluaciones ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Las intervenciones de Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Euclides Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico dejaron sobre la mesa una radiografía de los resultados, desafíos y criterios que marcan el funcionamiento de distintas salas de la máxima instancia judicial del país y, a la vez, mostraron solidez en sus explosiones y conocimientos vastos sobre el derecho.
Más allá de las cifras, los magistrados coincidieron, desde diferentes perspectivas, en un punto central: la eficiencia judicial no puede desvincularse de la ética, la calidad de las decisiones, la independencia y la confianza de los ciudadanos en la justicia.
PRODUCTIVIDAD CON RESULTADOS MEDIBLES
El presidente de la Primera Sala de la SCJ, Justiniano Montero Montero, destacó el desempeño ético y los niveles de eficiencia alcanzados por esa jurisdicción. En su exposición también abordó el impacto de la tecnología en los procesos judiciales y estableció un límite fundamental para su utilización: la tecnología puede transformar la gestión, pero no sustituir la función del juez. También, se refirió a que el Estado no tiene dolientes.
En la Segunda Sala, su presidente, Francisco Jerez Mena, presentó resultados que reflejan el impacto de una gestión sustentada en planificación, datos y herramientas tecnológicas.
La jurisdicción ha tramitado más de 14,000 expedientes y emitido más de 27,000 decisiones, entre ellas unas 11,000 sentencias y más de 15,000 resoluciones.
Uno de los indicadores más relevantes expuestos por Jerez Mena es que el 98 % de los casos son conocidos en la primera audiencia fijada, resultado asociado al uso de notificaciones telemáticas certificadas, planificación anticipada y un modelo de gestión orientado por datos.
El magistrado también puso sobre la mesa otro desafío que trasciende las estadísticas: la influencia de los llamados juicios paralelos en los medios de comunicación.
Jerez Mena advirtió que la exposición mediática de los procesos puede entrar en tensión con el derecho al honor, las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, además de favorecer prácticas de populismo penal.
Su planteamiento coloca la independencia judicial frente a una presión contemporánea: cómo administrar justicia sin permitir que la opinión pública, las redes sociales o los juicios mediáticos condicionen la decisión de los tribunales.
LA PRODUCTIVIDAD COMO INDICADOR, PERO NO COMO ÚNICO CRITERIO
El magistrado Samuel Arias Arzeno, juez de la Primera Sala, presentó una trayectoria marcada por elevados niveles de productividad.
En siete años, explicó, ha emitido más de 27,000 decisiones y participado como ponente en más de 5,000, equivalentes al 20 % del total.
La Primera Sala, además, mantiene tasas de resolución superiores al 98 %, sin considerar los períodos afectados por la pandemia de COVID-19.
Pero su exposición también apuntó hacia una dimensión menos cuantificable de la justicia: la transformación digital y el acceso ciudadano.
Arias Arzeno destacó el uso de plataformas digitales para facilitar la presentación de quejas éticas contra jueces y servidores judiciales, así como el fortalecimiento de los mecanismos de mediación mediante las Casas Comunitarias de Justicia y los centros de Mediación del Poder Judicial.
El mensaje es significativo: una justicia eficiente no solo debe resolver expedientes; también debe acercarse al ciudadano y ofrecer alternativas para solucionar los conflictos antes de que estos escalen a procesos judiciales más complejos.
TECNOLOGÍA, TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA
La magistrada Vanessa Acosta Peralta, jueza de la Primera Sala, aporta a esta radiografía una trayectoria de 27 años en el Poder Judicial, durante los cuales ha ejercido funciones en distintas jurisdicciones y áreas especializadas.
En los últimos siete años registra 739 resoluciones y 596 sentencias, además de una producción superior a 3,000 decisiones y más de 5,000 decisiones motivadas, de acuerdo con los datos expuestos durante su evaluación.
Su trayectoria también está vinculada con la perspectiva de igualdad y derechos humanos. Como subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, ha participado en iniciativas dirigidas a mejorar el acceso y funcionamiento de la administración de justicia sin discriminación.
MILES DE EXPEDIENTES BAJO ESCRUTINIO
Desde la Tercera Sala, el magistrado Alejandro Bello Ferreras presentó una trayectoria de más de dos décadas vinculada con la judicatura, la docencia, la investigación jurídica y la producción doctrinal.
Su experiencia abarca especialmente el derecho civil, procesal e inmobiliario.
Durante los siete años en la Tercera Sala, la Sala Reunida y en asuntos de competencia del Pleno de la SCJ, indicó que ha conocido un volumen aproximado de 3,000 expedientes y que hasta el 4 de abril de este año había fallado alrededor de esa misma cantidad.
Uno de los aspectos destacados de su exposición fue la transparencia alcanzada en la jurisdicción inmobiliaria, donde sostuvo que se han reducido a cero los casos de fraude.
Por su parte, el magistrado Rafael Vásquez Goico, también integrante de la Tercera Sala, presentó una producción de 14,800 decisiones, de las cuales ha actuado en 6,114, equivalentes al 42 % del total señalado.
Sin embargo, Vásquez Goico planteó una advertencia relevante frente a la obsesión por las estadísticas: la productividad judicial no debe medirse únicamente por la cantidad de decisiones emitidas.
La calidad, la fundamentación y los efectos jurídicos de las sentencias, sostuvo, también forman parte de la verdadera medición del desempeño de un juez.
CASACIÓN AL DÍA Y SOLUCIONES CONSENSUADAS
El magistrado Fran Euclides Soto Sánchez, juez de la Segunda Sala, especializada en asuntos penales, explicó que mantiene al día los recursos de casación bajo su responsabilidad y que procura presentarlos oportunamente para garantizar que las partes puedan formular sus opiniones.
La Segunda Sala recibe alrededor de 2,000 recursos de casación cada año, de los cuales aproximadamente 400 corresponden a su carga de trabajo.
Soto Sánchez también defendió los acuerdos como una vía válida para solucionar conflictos penales, incluso cuando los procesos ya se encuentran en etapa de juicio.
UNA JUSTICIA QUE DEBE RESPONDER A LA SOCIEDAD
El conjunto de las exposiciones deja un elemento común: la evaluación de estos siete magistrados no se limitó a sus hojas de vida o a la cantidad de expedientes resueltos.
Sobre la mesa aparecieron preguntas de mayor trascendencia para el sistema judicial dominicano: ¿cómo medir la eficiencia de un juez?, ¿cómo garantizar decisiones de calidad en medio de una alta carga de trabajo?, ¿hasta dónde debe llegar la tecnología?, ¿cómo preservar la independencia frente a los juicios mediáticos?, ¿cómo acercar la justicia a las comunidades? y ¿cómo fortalecer la confianza ciudadana?
Las respuestas ofrecidas desde las distintas salas de la Suprema Corte de Justicia muestran una judicatura que enfrenta el desafío de combinar productividad con calidad, tecnología con criterio humano, rapidez con garantías procesales y eficiencia con ética.
EN ESE ESCENARIO, LAS CIFRAS ADQUIEREN VALOR, PERO NO SON SUFICIENTES.
Porque una justicia verdaderamente eficiente no es únicamente la que resuelve miles de expedientes. Es la que logra hacerlo con independencia, fundamentación, transparencia, igualdad, respeto al debido proceso y capacidad para generar confianza en quienes acuden a ella en busca de una respuesta.
Y precisamente ahí se encuentra el principal desafío que dejan las evaluaciones de estos siete magistrados ante el Consejo Nacional de la Magistratura: convertir la productividad judicial en confianza ciudadana y los avances tecnológicos en mejores garantías para quienes buscan justicia.
