Ana María Díaz, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la República Dominicana, observa un panorama democrático marcado por contrastes. Por un lado, el país exhibe indicadores que lo sitúan entre los sistemas democráticos más sólidos de América Latina y el Caribe, con bajos niveles de polarización política, avances en gobernanza y una destacada posición en materia de libertad de expresión.
Por igual, persisten desafíos que amenazan la calidad democrática. Entre ellos, la desconfianza ciudadana, las brechas de representación, la influencia de la desinformación en las redes sociales, el avance del crimen organizado y los efectos del cambio climático.
En esta conversación con Diario Libre, Díaz analiza las fortalezas y vulnerabilidades de la democracia dominicana, reflexiona sobre el impacto de la corrupción, aborda los retos de la participación juvenil y explica por qué la capacidad del Estado para generar resultados será determinante para preservar la confianza.
—¿Qué señales de alerta identifica para la democracia dominicana ?
República Dominicana presenta un escenario favorable al fortalecimiento democrático, con indicadores de calidad democrática superiores al promedio regional. Sin embargo, esta fortaleza convive con desafíos de carácter estructural.
El país presenta varios retos semejantes a los identificados a nivel regional, como avances incompletos en la inclusión política de grupos históricamente excluidos —como las mujeres—, instituciones de representación con debilidades persistentes, evidenciada por una baja confianza en los partidos políticos y creciente insatisfacción democrática.
Sumado a eso, presiones relacionadas a la reconfiguración de la deliberación pública debido a la IA y las redes sociales, el crimen organizado, la movilidad humana y la crisis planetaria son puntos que merecen atención en el contexto nacional dominicano. Además, el cambio climático ya es una preocupación entre la población.
—¿Cómo impacta la percepción de corrupción en la legitimidad de las instituciones?
La persistencia de la corrupción como fenómeno estructural en América Latina es una dimensión crítica de las capacidades estatales. Más allá de actos individuales o prácticas administrativas aisladas, la evidencia sugiere que en amplios sectores de la región la corrupción adopta formas sistémicas que afectan el funcionamiento del Estado.
En estos contextos, no se trata únicamente de incumplimientos de la ley, sino de la distorsión de funciones públicas centrales, donde el poder delegado se utiliza para beneficiar intereses privados en detrimento del interés general.
—¿Qué papel juegan la transparencia y la rendición de cuentas?
Fortalecen la confianza en que las reglas democráticas se aplican de manera justa. Una parte importante del desencanto ciudadano no proviene de la ausencia de elecciones, sino de la percepción de que las instituciones no responden al interés general. Cuando las personas perciben que las decisiones públicas son opacas o que algunos actores ejercen una influencia desproporcionada, se debilita la legitimidad democrática.
Por el contrario, instituciones transparentes y sujetas a rendición de cuentas refuerzan la confianza en que el poder se ejerce dentro de reglas compartidas.
—El país enfrenta importantes brechas sociales y territoriales. ¿Qué riesgos representan?
La República Dominicana registra uno de los niveles más bajos de desigualdad de ingresos de América Latina y el Caribe. [La nación ha sido] más efectiva que el promedio regional en reducir la pobreza extrema y moderada, permitiendo que una mayor proporción de la población alcance niveles de ingreso superiores.
No obstante, persisten brechas territoriales, sociales y de género de carácter estructural que continúan limitando las oportunidades de inclusión y la capacidad de resiliencia de importantes segmentos de la población.
El reto ahora es transformar ese progreso en una consolidación sostenida de la clase media, evitando retrocesos y fortaleciendo las capacidades que permitan estabilidad y movilidad social real.
—Cada día hay más participación política a través de redes sociales y plataformas digitales. ¿Cómo puede aprovecharse esta tendencia?
La participación política en redes sociales es una oportunidad para ampliar la conversación democrática, especialmente entre personas jóvenes y sectores que no siempre participan en espacios formales. El desafío es que esa participación no se limite a la reacción inmediata, sino que se convierta en deliberación informada, diálogo respetuoso y acción ciudadana.
Para lograrlo, es clave promover la alfabetización digital, verificación de información y mecanismos de participación que conecten lo digital con decisiones públicas reales. Además, fortalecer la confianza requiere seguir avanzando en términos de transparencia, datos abiertos, comunicación pública clara y espacios donde la ciudadanía pueda incidir más allá del debate en línea.
—¿Cómo puede el país aprovechar el contexto de estabilidad política para impulsar reformas?
La República Dominicana demuestra una visión de desarrollo orientada al largo plazo. Desde la Estrategia Nacional de Desarrollo, e iniciativas como Meta RD 2036, el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y diversas reformas e iniciativas en discusión en el Congreso Nacional reflejan el compromiso del país con la construcción de instituciones más sólidas.
