Un grupo de siete abogados entregó una solicitud al procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, en la que solicita investigar las actuaciones de fiscales que habrían intervenido en la solicitud y entrega de órdenes judiciales de arresto y allanamiento ejecutadas por agentes de la Policía Nacional, en operativos que terminaron con la muerte de ciudadanos.
Los juristas Carlos Balcácer, Cándido Simón Polanco, Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ventura, Ibo René Sánchez, Manuel Sierra Pérez y Valentín Medrano Peña sostienen que existen elementos que ameritan esclarecer la actuación del Ministerio Público en los procedimientos que precedieron a los denominados intercambios de disparos, en los que fallecieron personas a manos de miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).
En la instancia, los abogados solicitan que se investigue cuáles fiscales requirieron las órdenes de arresto y allanamiento, quiénes las recibieron y entregaron a los agentes policiales, así como las circunstancias en que fueron ejecutadas y el papel que desempeñaron los representantes del Ministerio Público durante esos procedimientos.
Los denunciantes alegan que, en algunos casos, fiscales habrían participado posteriormente en el levantamiento de las actas correspondientes a los hechos, por lo que consideran necesario determinar si estuvieron presentes durante los operativos y, de no ser así, establecer las razones de su ausencia.
Denuncian 47 muertes en 42 días
Los abogados sostienen que, entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de 2026, se registraron 47 muertes durante intervenciones policiales, según un levantamiento realizado a partir de comunicados de la Policía Nacional y publicaciones de medios de comunicación.
Afirman que esas muertes se produjeron durante los primeros 42 días de la actual gestión del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.
Como elemento de comparación, indican que en los 42 días anteriores al cambio de mando se habían registrado, según sus cálculos, un máximo de 14 fallecimientos en circunstancias similares.
La denuncia también recoge que, de acuerdo con los datos recopilados por los firmantes, durante septiembre se produjeron 39 muertes en operativos policiales, cifra que consideran alarmante frente a los registros del mismo período del año anterior.
Los abogados identifican entre las víctimas a jóvenes y adolescentes, algunos de ellos de entre 18 y 29 años, y citan casos como los de Nathanael Elena Matos, de 18 años, y Willi David Gómez Batista, de 26.
Sobre este último, señalan que su madre habría cuestionado públicamente la versión policial y afirmado que su hijo estaba desarmado cuando fue ultimado.
Piden investigar la expresión “Clave 29”
Otro de los aspectos planteados en la denuncia es el supuesto uso de la expresión policial “clave 29”, que los abogados interpretan como una alusión a la muerte de personas perseguidas por las autoridades.
En ese sentido, atribuyen al director general de la Policía Nacional expresiones públicas que, a su juicio, podrían constituir una incitación a actuaciones contrarias al derecho a la vida y a las garantías constitucionales.
Los denunciantes consideran que las declaraciones deben ser examinadas junto con el incremento de las muertes registradas durante los operativos policiales y las circunstancias particulares de cada caso.
Asimismo, sostienen que los denominados intercambios de disparos no pueden considerarse suficientes, por sí solos, para justificar el uso de fuerza letal, por lo que reclaman investigaciones independientes que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos.
Solicitan diligencias al Ministerio Público
Entre las diligencias requeridas al procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional figura interrogar a los fiscales adscritos a la Fiscalía del Distrito Nacional que solicitaron las órdenes judiciales relacionadas con las personas posteriormente fallecidas.
También piden requerir a la fiscalía encargada de Asuntos Internos los informes sobre los casos en los que estuvieron involucrados agentes policiales, especialmente miembros de la Dicrim.
De igual manera, solicitan a la magistrada Kenya Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, rendir información sobre las órdenes de arresto expedidas, los fiscales que las solicitaron y las personas a quienes fueron entregadas.
Los abogados piden que se abra una investigación inmediata y que se les informe sobre sus resultados, a fin de determinar si existen responsabilidades penales de miembros de la Policía Nacional o del Ministerio Público.
Advirtieron que, si no reciben respuestas o consideran que las autoridades no realizan las indagatorias correspondientes, se reservan el derecho de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas.
La denuncia fue remitida, además, al Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, el Consejo Superior del Ministerio Público, representantes de la Iglesia católica y otras instituciones nacionales e internacionales.
Los firmantes fundamentan su petición en las disposiciones constitucionales que protegen el derecho a la vida, así como en las normas procesales y los tratados internacionales que obligan al Estado a investigar las muertes ocurridas durante intervenciones de sus agentes.
