Washington, Estados Unidos. Un ciudadano venezolano de 26 años, identificado como Ronny Guanipa-Chrinos, fue acusado formalmente de amenazar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de ser detenido cerca de la Casa Blanca en posesión de varias armas de fuego y municiones dentro de una camioneta presuntamente robada.
La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, informó este martes que el sospechoso enfrenta cargos por amenazas contra el mandatario estadounidense, posesión ilegal de armas y municiones, posesión de un vehículo robado y amenazas de causar lesiones a otra persona.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Guanipa-Chrinos fue localizado la noche del 5 de noviembre, alrededor de las 11:42, cuando un agente del Servicio Secreto observó una camioneta Ford F-150 azul estacionada en Constitution Avenue, al sur de los terrenos de la Casa Blanca.
El agente se acercó al vehículo y encontró a un hombre durmiendo detrás del volante. Posteriormente, las autoridades realizaron una inspección de la camioneta, durante la cual descubrieron varias armas de fuego.
Entre los objetos incautados figuran una pistola Masterpiece Arms MPA Defender de 9 milímetros, una Glock 43X del mismo calibre y un arma de calibre 5.56, además de decenas de cartuchos de munición.
«Gracias a la rápida actuación de los agentes del Servicio Secreto, un inmigrante indocumentado que portaba armas de fuego, entre ellas una subametralladora, un rifle de asalto y una pistola, fue detenido en una camioneta robada cerca de la Casa Blanca», declaró Pirro.
La fiscal aseguró que las autoridades estadounidenses no tolerarán amenazas contra el presidente ni la posesión ilegal de armas.
Según el comunicado oficial, Guanipa-Chrinos se encontraba en situación migratoria irregular en Estados Unidos. Las autoridades señalaron que había sido detenido previamente en marzo de 2024 cerca de El Paso, Texas, tras ingresar a territorio estadounidense desde México.
El acusado compareció el lunes 9 de noviembre ante la jueza magistrada Moxila A. Upadhyaya, quien ordenó que permaneciera detenido mientras continúa el proceso judicial.
La investigación está a cargo del Servicio Secreto de Estados Unidos, con la colaboración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El caso es procesado por la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia. Los señalamientos corresponden a cargos presentados por las autoridades y no constituyen una declaración de culpabilidad.
