La República Dominicana enfrenta un dilema central: proteger a consumidores y empresas del encarecimiento internacional de los combustibles sin transformar esa protección en una carga fiscal permanente. El problema trasciende el precio de la gasolina: afecta el transporte, los alimentos, la agricultura, la industria, el turismo, la electricidad, la inflación y la balanza de pagos.
La dependencia casi completa de combustibles importados expone al país a choques externos. El precio final en pesos, sin embargo, también depende del tipo de cambio, los impuestos, los márgenes de distribución y las decisiones de subsidio. La estabilidad del precio en las estaciones no significa que el costo internacional haya desaparecido: significa que alguien más está absorbiendo una parte.
El Banco Central de la República Dominicana informó que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) promedió alrededor de 97 dólares por barril en octubre de 2026. Atribuyó las presiones al conflicto en Medio Oriente y observó que la menor capacidad internacional de refinación encareció particularmente los derivados, sobre todo el diésel. El petróleo crudo y el gasoil no tienen por qué variar en la misma proporción: intervienen los márgenes de refinación, los fletes, los seguros y la disponibilidad del producto.
Una reducción del WTI no garantiza un descenso equivalente del gasoil importado. Evaluar la política energética únicamente por el barril de crudo puede conducir a conclusiones erróneas.
Transporte, alimentos y agricultura
La carga terrestre es uno de los principales canales de transmisión del gasoil. Un producto agrícola debe recorrer centros de acopio, mercados mayoristas, distribuidores y puntos de venta. Cada etapa incorpora transporte, almacenamiento y, en ciertos casos, refrigeración. Cuando sube el costo logístico, el precio final puede aumentar.
La agricultura utiliza además combustibles para maquinaria, riego y preparación de terrenos. No obstante, los precios de alimentos también responden a clima, fertilizantes, mano de obra y condiciones de mercado. Una evaluación seria debe separar estas causas y evitar atribuir al gasoil toda variación de la canasta.
Turismo y aviación
El combustible de aviación afecta los costos de las aerolíneas que conectan al país con sus mercados emisores. Un aumento sostenido puede presionar tarifas, márgenes, frecuencias o decisiones de rutas, aunque el traslado al pasajero depende de la competencia y la demanda. También pesan el transporte de empleados, huéspedes, alimentos y suministros dentro del territorio nacional.
La reducción semanal del avtur a 356.82 pesos ofreció un alivio puntual, pero no elimina la exposición del turismo a fluctuaciones internacionales. La competitividad turística depende también de logística y eficiencia energética, no solo de promoción y conectividad.
Electricidad y presión presupuestaria
La matriz eléctrica dominicana combina gas natural, carbón, derivados del petróleo y fuentes renovables. Por ello, el WTI no determina automáticamente el costo de toda la electricidad. Los contratos, la participación de cada tecnología y las condiciones de despacho importan. Si sube la generación y las tarifas permanecen sin cambios, parte de la diferencia puede aumentar las transferencias públicas al sector.
Los subsidios a hidrocarburos y las transferencias eléctricas deben contabilizarse por separado para evitar duplicidades. Diversificar fuentes, fortalecer redes y reducir pérdidas de distribución puede reducir la exposición fiscal, aunque la expansión renovable también exige inversión en almacenamiento y respaldo.
Distribución de los subsidios
Un subsidio generalizado puede beneficiar en mayor cuantía absoluta a quienes consumen más combustible. En cambio, la compensación al gasoil puede alcanzar indirectamente a los hogares mediante menores costos de transporte y alimentos, aunque el traslado no es automático. El GLP tiene una dimensión social diferenciada.
- La política pública debería distinguir protección del consumo básico, estabilización de actividades productivas esenciales y apoyo transitorio frente a choques excepcionales. La focalización requiere identificar beneficiarios y medir cuánto del subsidio llega al usuario final.
Política monetaria: entre inflación y crecimiento
En octubre, el Banco Central mantuvo su tasa de política monetaria en 5.50 %, la facilidad de expansión en 6.00 % y los depósitos overnight en 4.75 %. La autoridad monetaria no puede producir más petróleo ni abaratar directamente un combustible importado, pero sí procurar que el choque no se propague a expectativas y precios generales.
Una política demasiado restrictiva podría debilitar la inversión sin resolver el origen del encarecimiento; una demasiado flexible podría permitir efectos inflacionarios persistentes. De ahí la importancia de coordinar medidas fiscales financiables con una política monetaria orientada a la estabilidad.
Una agenda de política pública
La respuesta debe comenzar por publicar de forma sistemática costos de importación, impuestos, márgenes, subsidios autorizados y montos pagados. La transparencia permitiría distinguir el precio económico de la decisión de estabilización y evaluar su distribución social.
En el corto plazo conviene proteger el consumo básico y evitar alzas abruptas en sectores esenciales, con mecanismos de revisión y límites fiscales explícitos. En el mediano plazo, modernizar el transporte colectivo, logística, flotas y equipos productivos. En el largo plazo, diversificar la matriz energética, fortalecer transmisión y almacenamiento, y reducir pérdidas eléctricas.
Ninguna de estas medidas elimina de inmediato la exposición al petróleo, pero reduce gradualmente la cantidad de energía importada necesaria para generar cada unidad de riqueza.
