El pleno del Tribunal Constitucional (TC) se trasladó ayer a la provincia San Cristóbal, donde realizó una audiencia en conmemoración del 182 aniversario de la Carta Magna dominicana.
Los 13 magistrados del TC utilizaron ese espacio para, enfrente de diversas autoridades de los tres poderes del Estado, reiterar la importancia de asegurar la aplicación de las garantías que le otorga la norma suprema a los ciudadanos.
El presidente del TC, Napoleón Estévez, expresó que estas reflexiones tienen el objetivo de “recordar a todas las autoridades que administran los poderes del Estado que, por la Constitución, juraron cumplir sus funciones”.
Precisamente, una de estas es la figura del referendo, contemplado en el artículo 210, a través del cual la población recibe la potestad de decidir sobre asuntos relacionados con la política, temas sociales y económicos.
Sin embargo, 16 años después de ser adicionada a la Constitución, el Congreso Nacional se mantiene sin aprobar una legislación que pueda regular esa disposición y le permita a los ciudadanos utilizar ese derecho.
La magistrada Sonia Díaz fue quien resaltó este aspecto durante su alocución, llamando la atención de los diputados y senadores, quienes también se encontraban presentes en el acto.
“La ausencia de esa regulación está limitando el derecho de las personas que tienen capacidad para votar, de pronunciarse en un referéndum”, dijo.
La jueza considera que los representantes del Poder Legislativo están omitiendo el principio constitucional, “el cual obliga a los órganos públicos a observar los principios y valores contenidos” en la norma suprema.
“El incumplimiento de este precepto obstaculiza la construcción de una auténtica democracia participativa,” expresó.
Díaz recordó que el TC dictó, en la sentencia 0133 de 2021, un plazo de dos años en el cual el Congreso debía cumplir con la aprobación, “pero a la fecha no se ha emitido la ley correspondiente”.
“En 2010 quedó establecida en la Carta Magna, pero el Congreso Nacional no ha procedido a emitir una ley en sus distintas modalidades: consultivas, aprobatorias y municipales”, insistió.
Por último, la magistrada exhortó a los legisladores a cumplir “con este deber y a la ciudadanía velar por sus derechos”.
Llamado de atención a policías y militares
El magistrado Domingo Antonio Gil utilizó el artículo 69 de la norma suprema que versa sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso, del cual debe disponer cada ciudadano.
Ese apartado en la norma suprema le ordena al Estado la obligación de garantizarle a la población, entre otros aspectos, el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita.
Ante ese mandato, el juez Antonio Gil le recordó a los militares y policías que deben acudir a los tribunales “cuando de perseguir la delincuencia se trate”.
“(A los tribunales) hemos de acudir todos, gobernantes y gobernados. Óigase bien, sin excepción alguna, lo que incluye, obviamente, a militares y policías. Cuando de reclamar y salvaguardar derechos se trate…”, dijo.
Gil insistió en que este es un mandato “que nadie, absolutamente nadie, puede desconocer”.
“Esa es la vía que el Estado de derecho y toda sociedad civilizada debe tomar. De lo contrario, todo será (una) selva”, afirmó.
Además, aclaró que en República Dominicana no existen otros instrumentos constitucionales y legales posibles.
“En nuestra Constitución está prohibida la justicia del talión: la del ojo por ojo y diente por diente”, precisó Gil, haciendo referencia a un antiguo principio judicial encontrado en el Código de Hammurabi.
Escuchando las declaraciones del juez constitucional estuvo el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, quien ha sido cuestionado en los últimos meses por el incremento en la cantidad de presuntos delincuentes que mueren en supuestos intercambios de disparos con agentes.
De acuerdo con cifras periodísticas, al menos 56 “delincuentes” fallecieron en estas circunstancias durante el pasado mes de octubre.
En la mesa central estuvo también atenta a las expresiones de los jueces la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien actualmente es la mandataria en funciones tras la salida del país del gobernante Luis Abinader.
Abinader se encuentra en España, donde participa en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
¿Por qué en San Cristóbal?
Los magistrados constitucionales, junto a los demás funcionarios de primer nivel del Estado, visitaron San Cristóbal debido a que esta es la “cuna” de la Constitución.
Es la demarcación donde fue proclamado el primer texto de la Carta Magna en el 1844, año de la Independencia de la República.
