El principal riesgo de seguridad para la República Dominicana ante el deterioro de la crisis en Haití no reside en una incursión militar de bandas armadas, sino en la posibilidad de un desplazamiento masivo de civiles que huyan de la violencia y del colapso institucional.
Así lo planteó el almirante retirado y exministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, al analizar la dinámica operativa de las pandillas que operan en la nación vecina.
De acuerdo con el exdirector de Inteligencia, los grupos criminales haitianos actúan en función del dominio territorial en zonas de baja presencia estatal, donde extorsionan y controlan recursos sin resistencia institucional.
Pared Pérez explicó que una acción ofensiva de estas bandas hacia territorio dominicano resulta poco probable debido al despliegue de las Fuerzas Armadas dominicanas en la zona fronteriza, que cuenta con más de 11,000 efectivos y unidades de operaciones especiales.
La presencia de un ejército regular organizado actúa como un elemento de disuasión frente a estructuras que carecen de capacidad e interés estratégico para enfrentar a un cuerpo militar formal.
El escenario de mayor complejidad para el Estado dominicano radica en la gestión de una eventual crisis humanitaria.
La interrupción en el suministro de alimentos, agua y combustibles en territorio haitiano, sumada al avance de la violencia armada, incrementa la presión sobre la población civil para desplazarse hacia los puntos fronterizos.
Un flujo migratorio desordenado de gran escala plantearía retos de logística, control fronterizo y atención humanitaria en las provincias colindantes, además de representar un desafío diplomático en el ámbito internacional debido a la ausencia de un interlocutor estatal con cohesión interna en Haití con el cual coordinar medidas de contingencia.
