Alrededor del 60 % de los hogares dominicanos, correspondiente a los tres primeros quintiles de ingresos, enfrenta serias dificultades económicas para acceder a una vivienda adecuada.
Así lo reconoció Rafael Alejandro Morel, director del viceministerio de Vivienda y Hábitat del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), durante un encuentro organizado por Ciudad Alternativa para evaluar los avances y desafíos de las políticas de vivienda y hábitat en República Dominicana durante los últimos cinco años.
El funcionario explicó que el costo de adquirir una vivienda supera la capacidad económica de gran parte de las familias, mientras que las condiciones del financiamiento hipotecario constituyen una de las principales barreras de acceso.
Rafael Alejandro Morel explicó la brecha que existe entre el costo mensual que implica una vivienda y la capacidad de pago según el quintil de ingreso del hogar.
Según lo mostrado por Morel, las familias requieren destinar entre el 30 % y el 33 % de sus ingresos a cubrir el costo de una vivienda. Sin embargo, “los primeros tres quintiles de la población tienen serias dificultades, no tienen ingresos para cubrir el costo de una vivienda adecuada”.
Por lo que el desafío del Mivhed, agregó, es eliminar esa brecha y para ello han realizado alianzas con instituciones del Estado que apoyan la producción y que trabajan para aumentar el ingreso de las familias.
Financiamiento, principal barrera
No obstante, enumeró varios determinantes que afectan el acceso a viviendas dignas, entre ellos el costo de los terrenos y las limitaciones de la planificación territorial, siendo el financiamiento el más relevante de todos.
“Nosotros tenemos barreras estructurales que bloquean el acceso al financiamiento y para los que no tenemos bloqueos, el financiamiento es muy costoso y representa para la mayoría de las familias que adquieren una vivienda más del 50% del costo de la vivienda en la mayoría de los casos”, argumentó Morel durante su disertación en el panel “¿Dónde estamos cinco años después? Balance de la situación habitacional y los principales desafíos de las políticas públicas”.
A esta dificultad se suma el elevado costo de los préstamos hipotecarios. Morel reiteró que, bajo las condiciones actuales del mercado, muchas familias terminan pagando más dinero en intereses que por el valor de la propia vivienda.
“Cuando usted paga una hipoteca en el régimen actual, al pagar la vivienda usted ha dedicado más dinero al pago de intereses que al de la propia vivienda”, afirmó Morel.
Rafael Alejandro Morel, director del viceministerio de Vivienda y Hábitat del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), durante un encuentro organizado por Ciudad Alternativa.
El funcionario reconoció además que los mecanismos tradicionales de financiamiento excluyen a una parte importante de la población, debido a los requisitos establecidos por las entidades bancarias.
Como ejemplo, reveló que, durante el diseño de Mi Vivienda, se seleccionó inicialmente un grupo de 500 potenciales beneficiarios, pero las dificultades relacionadas con el acceso al crédito impidieron avanzar como se había previsto.
Nuevos mecanismos
Ante las limitaciones identificadas, Morel anunció que el Ministerio de Vivienda trabaja en el diseño de un programa denominado Vivienda Solidaria, mediante el cual se pretende facilitar el acceso al financiamiento habitacional sin depender exclusivamente de la banca tradicional.
La iniciativa, que forma parte del interés en modificar los mecanismos tradicionales de intervención para enfrentar las causas estructurales del déficit habitacional, contempla mecanismos de vivienda cooperativa y la utilización de fideicomisos para canalizar recursos hacia organizaciones sociales y cooperativas interesadas en desarrollar proyectos habitacionales.
«Estamos diseñando unos vehículos sumamente interesantes: es vivienda cooperativista, a través de cooperativas y utilizando también la ley de fideicomiso, vamos a generar fideicomisos que van a permitir que las cooperativas y las organizaciones sociales puedan acceder a créditos, a financiamiento, inclusive de inversionistas que pongan dinero en el fondo», indicó Morel.
Según explicó, estos instrumentos permitirían que las propias comunidades participen en la definición de las viviendas que necesitan construir.
Morel señaló también que el ministerio desarrolla estudios y recibe asistencia técnica de organismos multilaterales para estructurar estos mecanismos.
No obstante, durante su intervención no precisó la fecha de implementación del programa ni los recursos que serían destinados a su ejecución.
La actividad se realizó en vísperas del Día Mundial de las Ciudades, conmemorado cada 31 de octubre, cuyo lema de este año es «Regenerar la ciudad: vivienda adecuada para todos».
Supera la respuesta estatal
Por otro lado, en el panel moderado por la periodista Indhira Suero, la investigadora Jenny Torres, especialista en pobreza, género y políticas públicas, advirtió que la magnitud de las intervenciones gubernamentales continúa siendo insuficiente frente al déficit habitacional acumulado.
Luego de presentar cifras y estimaciones propias, Torres cuestionó que, frente a un déficit cuantitativo superior a las 300,000 viviendas, la respuesta del Estado sea construir entre 15,000 y 24,000 unidades en un período de seis años.
“La escala de la respuesta no se corresponde con la escala del problema”, expresó la también activista durante este seminario sobre vivienda y hábitat en República Dominicana.
Asimismo, cuestionó que los programas habitacionales estén orientados principalmente a familias con capacidad de endeudamiento, dejando fuera a quienes enfrentan mayores niveles de pobreza.
A su juicio, iniciativas como Familia Feliz y Mi Vivienda pueden beneficiar a determinados segmentos de la población, pero no constituyen una solución suficiente para los hogares de menores ingresos.
“Ese quintil uno, dos y tres no lo vamos a resolver con Familia Feliz, no lo vamos a resolver con vivienda y ya”, sostuvo la investigadora, quien además opinó que esos “programas sociales” mantienen esa concepción de la vivienda como un bien de mercado para quienes tienen la capacidad de pago.
Torres también criticó que las políticas públicas se concentren en entregar edificaciones sin garantizar condiciones adecuadas en el entorno, como acceso a servicios básicos, oportunidades de empleo y medios de subsistencia.
Como ejemplo, mencionó los reasentamientos vinculados a la presa de Monte Grande, donde, según denunció, familias que anteriormente dependían de la agricultura y la pesca enfrentan dificultades económicas después de su traslado.
“Lo único que hacemos es el cajón y dejamos atrás ese otro componente que era van a haber 10 tareas para cada familia, se va a garantizar el reguío (regadío), se va a garantizar la semilla, se va a garantizar la comercialización y ahí está la gente en Monte Grande sembrada, que lo único que tiene es esperanza”, manifestó Torres.
En el panel también participaron Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional; y Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, académicos y especialistas.
Celebrado en el Hotel Catalonia, el panel formó parte del seminario nacional “Vivienda y hábitat en República Dominicana: cinco años de avances, desafíos y perspectivas”.
El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, académicos y especialistas con el objetivo de analizar la evolución de las políticas habitacionales en el país durante los últimos cinco años, evaluando tanto los avances cuantitativos como los profundos desafíos estructurales que persisten en el acceso a un hábitat digno.
Esta actividad se realizó en el marco del proyecto «Promoviendo una política urbana participativa en la provincia de Santo Domingo, con enfoque de género y desde una perspectiva de producción social del hábitat, fase III», una iniciativa ejecutada por Ciudad Alternativa y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), con el financiamiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
