SANTO DOMINGO.– La diputada por la Circunscripción 02 de Santiago Llaniris Espinal propuso la creación de una comisión de auditores independientes para verificar medidores eléctricos, examinar facturas cuestionadas y dar seguimiento a las denuncias de ciudadanos que reportan aumentos en sus tarifas de electricidad.
Durante una intervención ante la Cámara de Diputados, la legisladora presentó el caso de un ciudadano identificado como Ramón, quien, según relató, pasó de pagar RD$800 por el servicio eléctrico a recibir una factura de RD$12,000, pese a que sus condiciones de vivienda, a juicio de Espinal, no justificarían ese monto.
La diputada sostuvo que el usuario habría presentado reclamaciones ante la Superintendencia de Electricidad sin obtener respuesta, y agregó que también ha recibido quejas de pequeños comerciantes cuyos recibos mensuales pasaron de RD$2,500 a entre RD$10,000 y RD$12,000.
Espinal vinculó estas denuncias con las dificultades que enfrentan los pequeños negocios y citó datos que atribuyó a la Oficina Nacional de Estadística (ONE), según los cuales más de 25,000 pequeños establecimientos cerraron entre 2020 y 2025. No obstante, durante su intervención no presentó el informe específico que permitiría verificar esa cifra ni establecer cuántos cierres estuvieron relacionados con el costo de la electricidad.
La legisladora también mencionó el caso de un sacerdote de Sabana Iglesia que, según explicó, recibió una factura de más de RD$3,000 al llegar a la parroquia y posteriormente otra superior a RD$8,000, pese a que, de acuerdo con su relato, el templo no contaba con medidores eléctricos.
“Debemos proponer la creación de una comisión de auditores independientes que verifiquen los medidores, examinen las facturas cuestionadas y den seguimiento a las denuncias presentadas por los ciudadanos”, manifestó Espinal al defender su iniciativa como parte de la labor de fiscalización del Congreso.
La diputada extendió sus críticas a otros servicios públicos y sectores, entre ellos la educación, los fondos de pensiones, la seguridad social y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), al considerar que los legisladores deben llevar esas problemáticas al debate nacional y velar por los intereses de la población.
La propuesta busca que las reclamaciones por facturación eléctrica puedan someterse a una revisión independiente. Sin embargo, en su intervención Espinal no detalló cómo se conformaría la comisión, cuáles serían sus facultades ni qué mecanismo permitiría ejecutar sus recomendaciones.
