Santo Domingo.– Un total de 15,319 personas permanecen privadas de libertad bajo prisión preventiva en República Dominicana, una cantidad que continúa presionando la capacidad de los centros penitenciarios y dificulta la separación entre quienes esperan una decisión judicial y aquellos que ya cumplen una condena definitiva.
El director de los Centros Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana Sánchez, explicó a este medio que la prisión preventiva está contemplada entre las medidas de coerción utilizadas para garantizar la presencia del imputado durante el proceso penal. Sin embargo, consideró que su aplicación se ha extendido incluso a situaciones en las que podrían utilizarse otras alternativas.
Y alertó sobre los casos en los que los tribunales imponen inicialmente tres meses de prisión preventiva, pero los imputados permanecen encarcelados durante años mientras esperan una decisión judicial.
“En la abrumadora mayoría de los casos no se cumplen los plazos de la prisión preventiva establecidos”, afirmó, al señalar que se han registrado internos que permanecen hasta cuatro años privados de libertad luego de recibir inicialmente medidas por períodos mucho menores.
Santana Sánchez advirtió que el problema se refleja directamente en la disponibilidad de espacios dentro de los recintos, donde deben alojarse tanto personas en prisión preventiva como internos que ya cuentan con una sentencia.
La Ley 113-21, en su artículo 72, establece criterios para separar a la población penitenciaria atendiendo, entre otros factores, a su condición de preventivo o condenado, edad, tipo de infracción, duración de la pena, estado de salud y programa de tratamiento.
No obstante, según las autoridades penitenciarias, el hacinamiento dificulta aplicar plenamente esa separación en parte del sistema, lo que también afecta los procesos de clasificación, rehabilitación, asistencia y tratamiento de los internos.
De acuerdo con Santana Sánchez, mantener una elevada población preventiva repercute además en la administración de los recursos, debido a que los espacios que deberían responder a distintos niveles de clasificación terminan compartidos por internos en etapas procesales diferentes.
A juicio del funcionario, el uso prolongado de la prisión preventiva constituye uno de los obstáculos para avanzar hacia una reforma penitenciaria sostenible, ya que la construcción de nuevas instalaciones puede resultar insuficiente si la demanda de espacios continúa creciendo.
Nuevos centros ante la falta de espacio
Las autoridades penitenciarias informaron que reciben apoyo del Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), para habilitar y construir nuevos centros de corrección.
El objetivo es aumentar la capacidad de alojamiento y sustituir progresivamente los establecimientos tradicionales que todavía operan dentro de fortalezas militares y recintos policiales.
Sin embargo, desde la administración penitenciaria sostienen que ampliar la infraestructura no resolverá por sí sola el problema si no se reduce el uso prolongado de la prisión preventiva y se agilizan los procesos judiciales.
El costo de mantener la población penitenciaria
En declaraciones anteriores, Santana Sánchez también había señalado que cada persona privada de libertad representa un costo aproximado de RD$1,400 diarios para el Estado.
Según las estimaciones ofrecidas entonces para el conjunto de la población penitenciaria, el gasto ronda los RD$35 millones diarios, equivalente a aproximadamente RD$12,700 millones al año.
Estas cifras corresponden al costo estimado de mantener toda la población privada de libertad, no únicamente a las 15,319 personas que actualmente se encuentran bajo prisión preventiva.
Pese a la reducción registrada entre 2025 y 2026, la cantidad de preventivos continúa representando una presión considerable para un sistema que debe garantizar espacios diferenciados, programas de rehabilitación y condiciones adecuadas tanto para procesados como para condenados.
