El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) cerró ayer las puertas del diálogo que sostuvo durante cuatro días con los 82 jueces y abogados que aspiran a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Seis son las posiciones que los consejeros constitucionales deben ocupar para llenar la salida de los magistrados actuales que no repetirán. Uno de estos es el presidente Luis Henry Molina, quien anunció el pasado 3 de agosto su declinación para continuar en el puesto.
Tras culminar la fase inicial de escucha y depuración de perfiles, los integrantes del CNM deberán reunirse en los próximos días para someter a votación a quienes se postularon.
Así lo explicó a reporteros de este medio Nathanael Concepción, el asesor jurídico del consejero y senador del bloque opositor, Omar Fernández.
El abogado adelantó que la plantilla de los seis jueces podría estar definida en menos de dos semanas.
“Se sientan a puerta cerrada a dialogar entre sí la consideración de cada uno de los integrantes; se emite votación sobre cuál perfil cada uno y los que logren los votos o la mayoría de los votos quedan”, precisó.
El CNM, encabezado por el presidente Luis Abinader o la vicemandataria Raquel Peña, tendrá una limitante al momento de la escogencia.
“Solo hay seis plazas: cinco son de juez de carrera y una es para un abogado, fiscal, alguien que viene de fuera de la carrera”, precisó.
Esto significa que tendrán prioridad aquellos que hayan sido formados en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), dependiente del Poder Judicial.
Otro parámetro que deberán tener presentes los magistrados es la paridad de género.
“Es seguro que no solo nominarán hombres o no solo nominarán mujeres… Cuando evalúen los perfiles, tienen que tener en cuenta el mayor equilibrio de género posible”, indicó.
Además de los máximos representantes de la Presidencia de la República y el legislador Fernández, forman parte de la mesa colegiada el presidente del Tribunal Constitucional (TC), el representante opositor de la Cámara de Diputados, Tobías Crespo.
Asimismo, los presidentes del Congreso Nacional, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, así como los magistrados de la SCJ, Henry Molina y Nancy Salcedo.
Precisamente, Salcedo, junto a los magistrados Manuel Herrera Carbuccia y María Garabito Ramírez, informaron públicamente su intención de no repetir en la SCJ.
En caso de que hubiese sido de su interés, estos tendrían que someterse a la evaluación del CNM.
De nuevo se repiten las preguntas
Desde el pasado lunes, cuando comenzó la jornada, recopilaciones realizadas por este medio han permitido detectar una tendencia en las preguntas expresadas por los integrantes del CNM.
Algunas de estas son lo que consideran los aspirantes sobre el uso de la inteligencia en el sistema judicial, cómo pudieran reducir los retrasos en el conocimiento de los expedientes y sus conocimientos sobre la Ley 2-23.
Esta legislación regula los recursos casacionales, que le otorgan una vía a una persona condenada para intentar variar la sentencia utilizando el alegato de posibles errores en la aplicación de las leyes.
Los consejeros consultaron también sobre la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, entendimiento de sentencias constitucionales, entre otras.
Menos prisión para corruptos
El exmagistrado José María Vázquez Montero aprovechó ayer para sugerirles a los consejeros constitucionales establecer una pena máxima de tres años para los imputados de corrupción que confiesen sus hechos.
En frente de la vicepresidenta Peña, recomendó que el Ministerio Público (MP) aplicara un criterio de oportunidad basado en el siguiente modelo: un año tras las rejas, un año de prisión domiciliaria y otro con impedimento de salida, junto a la presentación periódica ante un tribunal.
Además, el condenado por participar en un entramado de ese tipo deberá regresar al Estado “el cien por ciento del dinero robado”.
