El Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida fijó para el próximo 30 de noviembre el inicio del juicio con jurado contra Deny Manuel Sepúlveda de León y Oliver Guevara Rodríguez, ambos miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de la República Dominicana.
Los oficiales están acusados por la justicia estadounidense de conspiración e intento de distribución de cocaína hacia los Estados Unidos.
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El arresto de los implicados se produjo el pasado 28 de septiembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Los agentes formaban parte de una delegación oficial dominicana que viajaba hacia Washington D.C. para asistir a un curso de capacitación institucional.
Las autoridades federales ejecutaron las órdenes de captura de manera inmediata aprovechando una escala técnica de la aeronave en territorio estadounidense.
La detención es el resultado de una investigación encubierta iniciada por la Administración de Control de Drogas (DEA) en febrero de 2026.
Según el expediente de la Fiscalía, a Sepúlveda de León—quien se desempeñaba como comandante operativo de la DNCD—y a Guevara Rodríguez se les atribuye haber custodiado y facilitado el transporte de un cargamento de 35 kilogramos de cocaína desde la provincia de Barahona hasta Santo Domingo utilizando recursos del Estado dominicano.
El reporte judicial indica que los imputados pactaron recibir cinco kilogramos de la sustancia como pago para su posterior comercialización.
Debido a que las capturas se efectuaron en suelo estadounidense, el Gobierno de los Estados Unidos no requirió iniciar un proceso de extradición con las autoridades dominicanas.
Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Departamento de Extradiciones de la Procuraduría General de la República Dominicana confirmaron que no fueron notificados formalmente de la investigación previa por motivos de confidencialidad judicial internacional.
De ser declarados culpables en el juicio penal que presidirá el juez federal Darrin P. Gayles, ambos acusados enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sanción máxima de cadena perpetua.
El pliego de cargos de la acusación sustitutiva contempla además multas económicas de hasta 10 millones de dólares por cada delito imputado y el decomiso definitivo de sus bienes patrimoniales.
El tribunal estableció una audiencia de revisión de calendario para el 25 de noviembre, previo a la selección del jurado.
