Por medio del decreto 635-26, el Gobierno decidió eliminar los aranceles establecidos a la importación de arroz y para los productores de este cereal la decisión genera preocupación e incertidumbre.
“Podríamos decir que quisiéramos estar tranquilos pero no es una situación que nos lleva a la tranquilidad”, admitió el dirigente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcos Rodríguez.
Expresó que esta disposición pone en estado de vulnerabilidad al sector ante su nula competitividad bajo una economía de escala frente a las importaciones.
Agregó que la producción se sostiene de las factorías y en un gran porcentaje del sector de agroquímicos, por lo que cualquier impacto negativo puede afectar a todo lo relacionado con el sector.
Rodríguez confesó cómo este panorama podría derivarse en el colapso del sector arrocero en el país por una posible reducción en la producción, anticipando que algunas tierras destinadas a este cereal podrían ser reorientadas a otros cultivos, provocando una sobreoferta de los demás rubros.
“Somos vulnerables totalmente, todo el país y nosotros los productores. No tenemos las condiciones para competir en la economía de escala. Entonces nosotros nos sentimos ahora mismo en una situación de que sería hasta difícil qué es lo que va a pasar porque casi nadie se atreve a decir a dónde va el sector, qué puede pasar”, reconoció.
La medida fue firmada el pasado 9 de septiembre por el presidente Luis Abinader, derogando el decreto 642-24 que disponía la aplicación de un arancel de 20% advalorem a la cuotas de importaciones de arroz provenientes de suelo estadounidense.
Presiones de EEUU
Rodríguez no descartó la posibilidad de que la derogación de este decreto responda a presiones de Estados Unidos al declarar que la noticia se hizo pública el pasado lunes 5 de octubre, aunque el decreto estaba firmado desde principios de septiembre.
“Nosotros no sabíamos nada, ahora es que nos hemos enterado, entonces eso es de preocupación para nosotros, ayer en la tarde fue que nos enteramos de esta situación”, agregó.
Sobre si el Estado dominicano se reunió con dirigentes de Fenarroz y otros representantes del sector en relación al tema con anterioridad, Rodríguez indicó que fueron citados al Palacio Nacional donde se les informó que había una presión de Estados Unidos pidiendo la derogación del decreto, pero que una comisión trataría de responder a estas exigencias.
Golpe a la producción nacional
La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) advirtió que esta situación representa un “golpe a la producción nacional de arroz” solicitando al Gobierno explicar cómo pretende proteger a los productores, el empleo rural y la seguridad alimentaria.
El gremio advirtió que cualquier cambio en las condiciones de importación debe considerar sus efectos sobre las fincas, factorías, cooperativas, transportistas y comunidades que dependen de esta actividad, así como sobre el abastecimiento y los precios al consumidor.
La entidad recordó que el decreto establecía que sus medidas mantendrían vigencia hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) recomendara lo contrario, sustentado en un nuevo informe de su Secretaría Técnica.
Por esa razón, solicitó aclarar si la derogación estuvo precedida de esa recomendación y hacer públicos los documentos que fundamentaron la decisión.
Confenagro recordó que el sector arrocero reúne alrededor de 30 mil productores y genera más de 300 mil empleos directos e indirectos.
La entidad indicó que las diferencias en escala productiva, tecnología, financiamiento y apoyo estatal entre República Dominicana y Estados Unidos requieren medidas que permitan una competencia equitativa.
Pidió convocar una mesa de trabajo con las organizaciones arroceras para evaluar el alcance de la derogación y acordar acciones que preserven la producción local y ofrezcan reglas claras para las próximas cosechas.
Asimismo, planteó que, a 22 años de la firma del DR-CAFTA, urge ejecutar un programa de transformación del sector arrocero con metas, presupuesto y plazos verificables.
“Ese esfuerzo debe incluir mecanización, riego eficiente, asistencia técnica, crédito oportuno y fortalecimiento de la comercialización, con acceso efectivo para los pequeños y medianos productores”, expuso en un comunicado de prensa.
No significa abandono
De su lado, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, afirmó que la derogación del decreto relacionado con el régimen arancelario del arroz no significa un abandono del Gobierno al sector arrocero o una debilidad frente a los productores nacionales.
“Como ministro de Agricultura, y como una persona que conoce profundamente la realidad del campo, puedo decir con claridad que este Gobierno no va a dejar solos a los productores arroceros. El arroz es un rubro estratégico para la seguridad alimentaria del país, sostiene miles de empleos y forma parte esencial de la economía rural dominicana”, expresó mediante un comunicado de prensa.
El funcionario aclaró que la decisión adoptada responde a una visión de Estado, tomando en cuenta compromisos comerciales que el país debe manejar con responsabilidad, sin que eso implique renunciar a la defensa de la producción nacional.
Consideró que la medida abre la posibilidad de trabajar en mejores condiciones para una eventual renegociación, sobre una base más sólida, técnica y conveniente para los intereses de la nación caribeña.
