El dato de las 53,877 personas con órdenes de arresto en el país dado a conocer recientemente por la Policía Nacional contrasta con la capacidad de encarcelados que presentan tres de las principales cárceles del país.
Las más de 50 mil órdenes de arresto corresponden a individuos prófugos vinculados a delitos como violencia intrafamiliar, robos, agresiones físicas y homicidios.
Al contrastar esta cifra con la infraestructura penitenciaria se evidencia un déficit crítico.
La Penitenciaría Nacional de La Victoria cuenta con una capacidad de diseño original estimada entre 2,000 y 2,103 internos, aunque ha llegado a superar los 9 mil internos y actualmente se encuentra en un proceso de transición a Las Parras.
Entretanto, el complejo de Najayo dispone de 1,137 espacios en el área de hombres y 515 en la de mujeres, para un total de 1,652 plazas.
En cuanto al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, su capacidad final proyectada se sitúa entre 7,000 y 8,800 internos, operando de manera parcial con cerca de 4,800 plazas habilitadas en sus primeras etapas.
Al sumar la capacidad de diseño original de La Victoria (2,103), las plazas de Najayo (1,652) y la capacidad máxima proyectada del complejo de Las Parras (8,800), el sistema apenas alcanza un total aproximado de 12,555 espacios.
Aún con los más de 6 mil internos que tiene La Victoria de sobrecarga, la capacidad de las cárceles no llega ni a la mitad de la cantidad de personas en conflictos con la ley buscados por la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Las instalaciones actuales no disponen de la capacidad física necesaria para albergar a los ciudadanos requeridos por los tribunales en caso de que las autoridades ejecutaran la totalidad de los arrestos pendientes.
