Santo Domingo.— El proceso contra el pastor Ángel Gabriel Capellán a tomado un nuevo giro con la aparición de versiones que cuestionan parte de la narrativa presentada por el Ministerio Público: padres y personas vinculadas al centro donde permanecían los menores, en completo apoyo al pastor, y, reiterando que los niños “recibían buen trato” por parte del acusado.
La posición fue expuesta a través de pancartas, protestas, gritos dentro y fuera del Palacio de Justicia de San Cristóbal, luego de que la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Capellán fuera aplazada para el próximo martes 15 de septiembre, pero las declaraciones ofrecidas, concluida la audiencia, dejaron sobre la mesa un elemento que cada vez más cobra fuerza.
Una de las mujeres que acudió al tribunal en apoyo del pastor aseguró que decidió llevar a sus propios hijos al centro vinculado a la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive” porque consideraba que allí recibían un buen trato y estaban en un ambiente adecuado para crecer. Dijo que vive en una pieza y que por esa razón valoró las condiciones que encontró en el lugar.
La mujer afirmó además que lleva aproximadamente un año en el centro y denunció que, luego de la intervención de las autoridades, los padres no han podido ver a sus hijos. Según su relato, familiares habrían solicitado tener contacto con los menores, incluso por unos minutos, sin recibir autorización.
La defensa intenta llevar esa versión al proceso judicial. El abogado Manuel Soto Lara, sostiene que los padres no consideran al pastor como responsable de los hechos denunciados y cuestiona que el Ministerio Público y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) actúen en representación de ellos.
Soto Lara también afirmó que durante las entrevistas realizadas a los menores en Cámara Gesell algunos habrían manifestado que querían regresar al centro y que consideraban a Capellán como una figura paterna. Según la defensa, los menores también habrían dicho que recibían buen trato y negado haber sido maltratados.
Estas afirmaciones forman parte de la versión de la defensa y contrastan con la posición del Ministerio Público, que acusa a Capellán de presunto maltrato físico y psicológico, privación de alimentos y trabajo o servicio forzado en perjuicio de menores que permanecían en una propiedad vinculada a la fundación, en Bajos de Haina.
Cómo se conoció el caso
El caso salió a la luz después de que uno de los menores escapara del lugar el pasado 28 de agosto y acudiera ante las autoridades para denunciar las condiciones en las que, según su versión, se encontraban los niños. Posteriormente, las autoridades intervinieron el establecimiento y sacaron del lugar a 14 menores.
La defensa cuestionó además los elementos utilizados para sustentar la acusación. Cassandra Ramírez, quien acudió al Palacio de Justicia en apoyo al pastor, afirmó que no existe un querellante y cuestionó que la investigación se apoye en el testimonio de un menor. También puso en duda el significado de las marcas que presentaba el niño y aseguró que, según la versión ofrecida por su madre, estas tenían un origen distinto al señalado en la acusación.
Ramírez calificó el proceso como un “show mediático” y sostuvo que el Ministerio Público no tendría elementos suficientes para sustentar una condena contra Capellán.
Solicitud de inclusión de las madres a la audiencia
Mientras tanto, la audiencia de medida de coerción no pudo avanzar este jueves. El tribunal decidió reenviarla para el martes 15 de septembre, luego de que uno de los abogados que representa a las madres de los menores solicitara su incorporación formal al proceso.
El abogado Luis Karela, representante legal de las madres de los niños, explicó que la suspensión permitirá que ese representante legal pueda constituirse conforme al Código Procesal Penal y participar en la próxima audiencia. Soto Lara, por su parte, sostuvo que los padres deberán ser escuchados por el tribunal.
Así, el proceso llegará a la próxima audiencia con dos relatos enfrentados sobre la permanencia de los menores en el centro: el del Ministerio Público, que sostiene que fueron víctimas de presuntos abusos y explotación, y el de la defensa y personas vinculadas al lugar, que aseguran que algunos padres llevaron allí voluntariamente a sus hijos, que estos recibían cuidados y que ahora las familias reclaman poder participar directamente en el proceso.
La decisión sobre la medida de coerción quedará pendiente para el martes 15, cuando el tribunal deberá continuar con el conocimiento de la solicitud presentada contra Capellán.
