La Asociación Nacional de Comerciantes Dominicanos Unidos (Ancodomu) demandó al Gobierno crear un organismo interinstitucional que analice el impacto económico, social y legal de la expansión de los comercios chinos en República Dominicana y plantee soluciones para proteger al comercio y al aparato productivo nacional.
En un comunicado remitido a Diario Libre luego de una serie de publicaciones sobre la expansión y transformación del comercio chino en el país, la organización sostuvo que desde hace varios años comerciantes de origen chino instalaron grandes establecimientos comerciales en pueblos y ciudades dominicanas, algunos de hasta 30,000 metros cuadrados.
Ancodomu afirmó que esta expansión provocó, a su juicio, un desplazamiento masivo del comercio dominicano y atribuyó esa situación a prácticas que considera de competencia desleal, entre ellas la «venta de mercancías al detalle por debajo de los costos de importación de los comerciantes dominicanos, la evasión fiscal y la contratación de trabajadores extranjeros en situación irregular» y con salarios que, según la asociación, no incluyen los beneficios establecidos por ley.
La organización sostiene que los precios ofrecidos por estos establecimientos dificultan la competencia incluso para los comerciantes dominicanos que importan sus productos desde China. «Es imposible competir con ellos», plantea la asociación en su comunicación, al atribuir la diferencia de precios a las facilidades que, según afirma, reciben estos negocios, a las prácticas que califica como desleales y a los bajos salarios que asegura son pagados a trabajadores extranjeros, en especial haitianos.
Revisión de acuerdos con China
Ante este escenario, la asociación apeló al presidente Luis Abinader para que impulse la creación de un organismo en el que participen representantes del Congreso de la República, el poder municipal, la Corte Constitucional, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Interior y Policía, así como organizaciones comerciales y empresariales.
El objetivo sería, según Ancodomu, analizar «rigurosamente» la situación y evaluar el impacto económico, social y legal de los acuerdos firmados entre República Dominicana y la República Popular China.
La entidad también plantea que ese organismo proponga y ejecute soluciones que, desde su perspectiva, respondan al interés nacional, garanticen el cumplimiento del derecho y protejan al aparato productivo local.
Se quejan por falta de respaldo
En su comunicación, Ancodomu también hizo referencia a informaciones publicadas en medios extranjeros sobre otros posibles ilícitos relacionados con inversiones de capital chino en el país.
Ancodomu sostiene que el comercio nacional no recibe suficiente respaldo de las autoridades para enfrentar la llegada de inversiones extranjeras que participan en actividades comerciales similares a las desarrolladas históricamente por empresarios dominicanos.
La asociación considera que las prácticas que denuncia y la política de precios de estos establecimientos han provocado el desplazamiento del comercio local en distintas áreas, así como afectaciones a industrias y fábricas del país.
Para la entidad, la discusión no debe limitarse a la presencia de comercios chinos, sino abarcar las condiciones bajo las cuales operan las empresas extranjeras, el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales y el efecto de esas actividades sobre los negocios y la producción nacional.
Ancodomu concluye su comunicación con el reclamo de una respuesta institucional que permita preservar, según sus términos, el equilibrio económico y social de República Dominicana y garantizar condiciones de competencia para los negociantes criollos.
