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Empresas de seguridad rechazan responsabilidad penal solidaria por acciones individuales de su personal

El sector de seguridad privada solicitó revisar el proyecto del nuevo Código Penal para delimitar la responsabilidad corporativa y el uso de la fuerza.

Freddy González Estrada, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), indicó que la normativa actual genera incertidumbre operativa para las compañías del área.

La entidad presentó estas observaciones durante el taller «El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada», realizado en el Hotel Embassy Suites by Hilton y dictado por el jurista Francisco Álvarez.

González Estrada afirmó que el gremio apoya la actualización legal, pero advirtió sobre el peligro de la nueva figura de responsabilidad penal que se pretende implantar.

«Antes de este nuevo procedimiento, yo era solamente responsable por los hechos que yo cometía… entonces ahora, este código dice que no, que yo no, yo soy responsable por los 1,400 ó 1,500 empleados que yo tengo en la empresa, que estén en Barahona y cometan un hecho, yo soy responsable. Yo no sé, yo no estoy allá, no sé lo que pasó, pero yo soy responsable penalmente por la actuación de un empleado mío», declaró.

Adesinc agrupa a una industria que emplea a más de 62,000 personas, genera más de 24,000 millones de pesos anuales y aporta aproximadamente 90 millones de horas de vigilancia, por lo que el dirigente enfatizó que las acciones individuales de un agente que infrinja los protocolos no deben implicar procesos penales contra los directivos o las empresas.

El gremio señaló como principales puntos de atención la definición de la legítima defensa en el uso de armas de fuego por parte de los vigilantes, así como el incremento de penas y la creación de nuevos tipos penales que afectan a las empresas reguladas.

El abogado Francisco Álvarez analizó los efectos de la legislación en temas como la retención de personas, la videovigilancia y la custodia de evidencias.

Como medida de mitigación, sugirió establecer un plazo de adecuación preventiva de 90 días para que las empresas ajusten sus controles internos y asesores legales.

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