El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el inicio de un proceso para combatir la inmigración ilegal, colocando al país sudamericano en una línea de mayor control migratorio que desde hace años tiene una expresión mucho más amplia en República Dominicana y que, bajo Donald Trump, se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política estadounidense.
De acuerdo con informaciones publicadas por El Tiempo de Colombia y otros medios colombianos, la nueva línea plantea reforzar la identificación de extranjeros en situación irregular y avanzar hacia su deportación, con prioridad inicial para aquellos vinculados a actividades delictivas.
La medida representa un cambio importante para un país que durante la última década recibió a millones de venezolanos y desarrolló amplios mecanismos de regularización.
Colombia fue uno de los principales destinos del éxodo venezolano y creó instrumentos extraordinarios para integrar a esa población. El endurecimiento anunciado por De la Espriella introduce ahora un componente más fuerte de control, permanencia legal y expulsión dentro de la política migratoria y de seguridad.
Advertencia rotunda
En su cuenta en X, el diario El Tiempo ofrece una cita al mandatario con una orden contundente: «La orden a Migración es clara: que empiecen los operativos coordinados para dar con los inmigrantes ilegales. Primero, para los que están cometiendo delitos y segundo, para los que no tienen regularizada su situación. Tendrán que ser deportados»
La decisión encuentra un antecedente regional mucho más consolidado en República Dominicana, donde el control de la inmigración irregular —fundamentalmente procedente de Haití— se ha convertido en una política permanente del Estado y se intensificó durante la administración del presidente Luis Abinader.
La Dirección General de Migración informó que durante 2025 deportó a 379,553 extranjeros en condición migratoria irregular. La estrategia dominicana incluye operativos cotidianos de interdicción, centros de procesamiento y una participación coordinada de Migración, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad, además del reforzamiento de la frontera con Haití y la construcción de una verja perimetral.
Kast vino desde Chile a ver la estrategia de Abinader y RD
La experiencia dominicana también despertó el interés en Chile y sus nuevas autoridades. Durante una visita a República Dominicana antes de asumir la Presidencia, José Antonio Kast recorrió junto a Luis Abinader la frontera con Haití y conoció la verja perimetral, el despliegue militar y los mecanismos de vigilancia.
Diario Libre consignó que Kast calificó la política migratoria dominicana como «relevante y ejemplar» y destacó la importancia de conocer sobre el terreno ese modelo, aunque reconoció que cada país tiene características diferentes.
El dirigente chileno vio en la experiencia dominicana elementos de referencia para enfrentar la inmigración irregular, así como el tráfico de drogas y de armas.
El tercer referente regional es Estados Unidos. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump convirtió la lucha contra la inmigración irregular y las deportaciones en uno de los pilares de su administración, ampliando las acciones de las autoridades migratorias y endureciendo las restricciones de entrada y permanencia.
- La política estadounidense llegó a generar fricciones con Colombia en enero de 2025, cuando el entonces gobierno de Gustavo Petro se negó inicialmente a recibir vuelos militares estadounidenses con deportados. Trump respondió con amenazas de aranceles y sanciones y Bogotá terminó aceptando el retorno de sus ciudadanos deportados.
- El giro impulsado ahora por De la Espriella coloca a Colombia dentro de una tendencia regional hacia controles migratorios más estrictos. Las dimensiones y circunstancias son distintas: República Dominicana enfrenta una presión migratoria constante desde Haití; Estados Unidos ha convertido la frontera y las deportaciones en un asunto central de su política interna; y Colombia debe gestionar la presencia de una numerosa población venezolana después de años de políticas de acogida y regularización.
La nueva etapa colombiana permitirá medir hasta qué punto el país adopta mecanismos comparables con los aplicados por otros gobiernos de la región y cómo combina los operativos contra la inmigración irregular con los procesos de regularización y las obligaciones de protección de los migrantes.
