Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes que grupos armados y organizaciones criminales en Colombia utilizan Facebook y TikTok para atraer y reclutar a niños y adolescentes, mientras las plataformas han tenido dificultades para detectar, eliminar y frenar la difusión de ese contenido. La organización advirtió que, en algunos casos, los propios algoritmos parecieron amplificar las publicaciones.
La advertencia forma parte del informe “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia”, en el que HRW analiza el incremento de esta práctica y el papel que desempeñan actualmente las redes sociales. Según datos de la Defensoría del Pueblo revisados por la organización, al menos 1,500 menores han sido reclutados desde 2021.
El fenómeno ha adquirido una fuerte dimensión digital. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 44 % de los menores reclutados durante 2025 fueron captados a través de redes sociales. Los grupos utilizan estas plataformas para glorificar la vida armada, ofrecer supuestos empleos y establecer contacto con potenciales reclutas mediante comentarios, chats públicos y mensajes privados.
HRW examinó decenas de cuentas y publicaciones en TikTok y Facebook vinculadas con estas prácticas. Solo en TikTok identificó 52 cuentas y 37 publicaciones que promovían o normalizaban la pertenencia a grupos armados. En conjunto, esas cuentas acumulaban más de 85,000 seguidores, mientras algunos videos superaban las 250,000 reproducciones y los 50,000 “me gusta”.
En varias publicaciones aparecían armas, uniformes, fajos de dinero y escenas de campamentos, acompañadas de narcocorridos y otros contenidos destinados a presentar la vida dentro de las organizaciones como una opción atractiva. En algunos casos, usuarios preguntaban directamente en los comentarios cómo podían incorporarse a grupos como el Clan del Golfo, el ELN o las disidencias de las FARC.
La organización documentó además que los grupos armados se aprovechan de la pobreza, la exclusión social, la violencia intrafamiliar y las dificultades de acceso a la educación para atraer a los menores con promesas de dinero, poder y prestigio. En algunas zonas, intermediarios civiles reciben hasta 1,000 dólares por cada niño reclutado, según testimonios recogidos en el informe.
Una vez incorporados, los menores son utilizados para combatir, recopilar información, transportar mensajes, manipular armas y explosivos e incluso operar drones. HRW señaló que algunos niños reciben entrenamiento para manejar drones armados, mientras otros son enviados a participar directamente en hostilidades.
La población indígena figura entre las más afectadas. Casi la mitad de los casos reportados corresponde a niños y adolescentes indígenas, pese a que estos pueblos representan alrededor del 4 % de la población colombiana. Además, las niñas constituyen cerca del 40 % de los menores reclutados y están particularmente expuestas a violencia sexual, anticoncepción forzada y otras formas de abuso.
Las disidencias surgidas tras la desmovilización de las FARC son señaladas como responsables del 74 % de los casos documentados entre 2021 y 2025, mientras el departamento del Cauca concentra una parte significativa de las víctimas.
Human Rights Watch informó que notificó sus hallazgos a Meta, empresa matriz de Facebook, y a ByteDance, propietaria de TikTok. Ambas compañías aseguraron que sus políticas prohíben el contenido que promueve o apoya a organizaciones violentas y afirmaron haber eliminado las cuentas señaladas por la ONG. Sin embargo, los investigadores detectaron la aparición de nuevos perfiles con contenidos similares después de que otros fueran suspendidos.
El informe también cuestiona la respuesta institucional frente al reclutamiento infantil y sostiene que la protección de los menores no puede depender exclusivamente de un aumento de las operaciones militares. HRW pidió al recién instalado Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella adoptar una política integral de seguridad y justicia enfocada en proteger a las comunidades, perseguir a los responsables y atender factores como la pobreza rural, las economías ilícitas y la corrupción.
