La solución de la situación deficitaria de las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) requiere, en el corto plazo, retomar el proceso de reajuste de la tarifa eléctrica para que refleje los costos reales del servicio y permita desmontar progresivamente el subsidio cruzado.
Así lo recoge el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, que elaboró el Ministerio de Hacienda y Economía, en el cual se establece que el déficit financiero que arrastran las EDE y que presiona cada año las finanzas públicas está vinculado a la existencia de un esquema tarifario desactualizado, cuyo proceso de ajuste fue suspendido en 2022 ante presiones inflacionarias.
El análisis aún no ha sido discutido por el Gobierno ni se prevé que sea aceptado.
- El déficit financiero que sufren las tres EDE, de propiedad pública, provocó que entre 2014 y 2024 el Estado dominicano transfiriera 505,629 millones de pesos para cubrir el saldo negativo. El documento de Hacienda plantea que la solución a esa problemática pasa por avanzar en tres frentes que, además de una reforma a la tarifa, incluye la reducción sostenida de las pérdidas y acelerar la transición energética.
Sin esta corrección estructural, los déficits operacionales de las empresas distribuidoras continuarán creciendo y profundizando la presión sobre las finanzas públicas, se advierte en el documento.
Solo entre enero y el 14 de agosto pasado, el subsidio eléctrico había devengado 78,800 millones de pesos, de los 85,586.7 millones existentes en el presupuesto vigente para ese propósito, según registros de la Dirección General de Presupuesto.
Las pérdidas técnicas y no técnicas de las tres compañías alcanzaron al pasado mayo un 38.9 %, siendo Edeeste la que peor desempeño muestra, con un 56 %; seguida de Edesur, con un 31.6 %, y Edenorte, con un 26.1 %.
Sobre el particular, el plan señala que, en el mediano plazo, la política debe consolidar los programas de reducción de pérdidas, fortalecer la fiscalización de los circuitos de distribución y ampliar el uso del Sistema de Información Geográfica (IGEA) para el control de pérdidas no técnicas.
De igual forma, agrega que paralelamente, debe existir una implementación rigurosa de los planes indicativos de expansión de la generación, con metas vinculantes y mecanismos efectivos de seguimiento, que constituye una condición necesaria para orientar las inversiones hacia tecnologías limpias y reducir la dependencia de los hidrocarburos.
Planificación inadecuada
La inadecuada planificación de la generación de energía es otra de las causas directa que el Gobierno señala como parte de la problemática.
El documento de Hacienda y Economía recoge que, aunque la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) pasó de 4,889 megavatios (MW) en 2019 a 5,795.9 en 2024 y la generación total pasó de 19,266 gigavatios-hora (GWh) a 25,397, la matriz energética continúa siendo altamente dependiente de combustibles fósiles.
Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer los planes indicativos de expansión de la generación, reducir la dispersión institucional y mejorar la coordinación entre las entidades rectoras del sector, puntualiza.
