Las organizaciones aseguran que se trata de la mayor base de datos pública dedicada a las misiones médicas cubanas. El sistema contiene información individualizada sobre 209 países y territorios y permite consultar aspectos como el número de profesionales enviados, los acuerdos suscritos, el dinero pagado por los países receptores y la cantidad que finalmente recibe cada trabajador.
Con datos actualizados hasta junio, la plataforma identifica 53 misiones activas y calcula en 25.724 el número de profesionales cubanos desplegados fuera de la isla.
Para Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, el sistema médico cubano en el exterior no puede ser presentado únicamente como un programa de cooperación. En declaraciones a Infobae, sostuvo que durante décadas el Gobierno cubano ha utilizado estas misiones tanto como herramienta de propaganda como fuente de ingresos y denunció prácticas que, a su juicio, incluyen confiscación de salarios, vigilancia, restricciones personales y castigos contra quienes abandonan las brigadas.
Más de 1.400 testimonios
El núcleo de la plataforma está compuesto por 1.402 testimonios recopilados desde 2018. De ellos, 1.185 permanecen protegidos y 217 son públicos. Los relatos corresponden a profesionales que han trabajado en 60 países y permiten identificar patrones que, según las organizaciones, se repiten entre los participantes.
Uno de los principales está relacionado con la supuesta falta de libertad para incorporarse a las misiones. El 89,79% de los declarantes afirmó que fue obligado a participar o que aceptó debido a circunstancias coercitivas. En una pregunta específica sobre la voluntariedad, el 77,72% dijo que su decisión no fue libre.
Los documentos también reflejan problemas relacionados con los contratos: el 32,41% aseguró que nunca recibió uno, mientras que otro 36,20% indicó que lo firmó pero no obtuvo una copia. Además, el 69,62% señaló que desconocía cuál sería su destino definitivo o que este fue modificado una vez que llegó al país.
Vigilancia y restricciones
Otro de los aspectos que destaca la base de datos es el control sobre la vida cotidiana de los profesionales. El 77,64% de los testimonios protegidos reportó vigilancia por parte de funcionarios cubanos o colaboradores, mientras que el 81,18% aseguró haber sufrido limitaciones para desplazarse dentro del país donde trabajaba.
La retención del pasaporte también aparece en los testimonios: un 40% dijo que su documento fue retenido al llegar. Además, el 68,69% mencionó la existencia de toques de queda.
La plataforma cita también la Resolución 368/2020 del Ministerio del Comercio Exterior de Cuba, que establece obligaciones para los cooperantes relacionadas con sus relaciones sentimentales y con su regreso a la isla, de acuerdo con las condiciones fijadas por la entidad contratante.
Jornadas extensas y diferencias salariales
Los datos recopilados también apuntan a una marcada diferencia entre el dinero que pagan los países receptores y lo que reciben directamente los profesionales.
Según la plataforma, las jornadas alcanzan una media de 71,89 horas semanales, sumando trabajo ordinario, guardias y servicios extraordinarios. El ingreso líquido promedio declarado por los médicos y otros profesionales en el extranjero fue de 462,29 dólares mensuales, equivalente aproximadamente al 15% de lo que habría pagado el Estado receptor.
El 85% restante, según Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, queda en manos del Estado cubano y de entidades intermediarias.
Los casos incluidos en la documentación muestran diferencias importantes. En México, por ejemplo, se registran profesionales que recibieron 200 dólares mensuales mientras el Estado cubano percibía 3.750 dólares por cada trabajador. En Italia, un acuerdo de Calabria firmado en 2022 estableció un pago de 4.700 euros mensuales por profesional: 3.500 euros para la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y 1.200 para el trabajador.
La separación de las familias
Las denuncias también alcanzan el ámbito familiar. Según los testimonios recopilados, algunos profesionales que abandonaron las misiones o fueron considerados desertores han enfrentado restricciones para regresar a Cuba y reunirse con sus familiares.
El 40,51% de los declarantes protegidos afirmó haber estado o continuar separado de manera forzosa de hijos menores. Además, 53 personas aseguraron que se les impidió ingresar a Cuba para visitarlos.
La plataforma contabiliza 9.646 profesionales catalogados como «desertores» por el régimen cubano. En 2022, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas manifestó su preocupación por esta prohibición de facto, que puede prolongarse hasta ocho años, y pidió modificar las normas penales que la respaldan.
Larrondo aseguró que estas restricciones han dejado a numerosos médicos separados de sus hijos y familias.
Un negocio millonario para el Estado cubano
Detrás de las misiones también existe una importante dimensión económica. Un informe de Prisoners Defenders publicado en 2024, elaborado a partir de datos cubanos y cifras de comercio de servicios profesionales de la Organización Mundial del Comercio, calculó que en 2021 las misiones médicas generaron cerca de 5.976 millones de dólares.
Según ese análisis, la exportación de servicios sanitarios constituye la principal fuente de divisas del Gobierno cubano.
El British Institute of International and Comparative Law analizó, por su parte, 48 acuerdos relacionados con misiones médicas firmados con 19 contrapartes entre 1985 y 2023. El estudio encontró referencias limitadas a las normas internacionales de derechos humanos y ausencia de mecanismos efectivos de supervisión.
Organismos internacionales también han cuestionado el sistema
Las denuncias no proceden únicamente de las organizaciones responsables de la nueva plataforma. El Parlamento Europeo aprobó cinco resoluciones entre 2021 y 2026 en las que calificó determinadas prácticas de las misiones como trabajo forzoso.
La resolución más reciente, aprobada el 18 de junio, pidió al Gobierno cubano poner fin a las misiones que impliquen trabajo forzoso y reclamó que la Unión Europea no contribuya a esas vulneraciones.
En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales también publicaron un informe en el que identificaron, en determinadas misiones, dos elementos asociados al trabajo forzoso: la falta de voluntariedad y la amenaza de una pena.
El Senado español se sumó a los cuestionamientos el pasado 7 de abril, cuando aprobó una moción contra el envío forzoso de profesionales sanitarios y solicitó revisar acuerdos que pudieran estar financiando estas prácticas.
Cuba rechaza las acusaciones
El Gobierno cubano niega las denuncias y sostiene que los profesionales participan voluntariamente en las misiones. También afirma que mantienen su salario en Cuba, de aproximadamente 20 dólares mensuales, y que aceptan que una parte de los ingresos obtenidos en el extranjero contribuya al financiamiento del sistema sanitario nacional.
La plataforma cuestiona esta explicación mediante datos de la OMC y cifras del propio Estado cubano, según los cuales los recursos destinados al sistema de salud representarían menos del 1% de lo facturado por las misiones.
Prisoners Defenders y Consorcio Justicia reclaman ahora la eliminación de las sanciones penales, migratorias y familiares relacionadas con el abandono de las misiones, así como la publicación completa de los contratos, el pago directo a los profesionales de la totalidad de sus remuneraciones y auditorías en los países receptores para determinar el destino de los fondos.
La plataforma Cuban Medical Brigades continuará incorporando testimonios y documentación y puede consultarse en su sitio oficial.
Con información de Infobae.
