Una denuncia difundida en redes sociales ha puesto nuevamente sobre el tapete el debate sobre los cobros que realizan algunos colegios privados a las familias por la entrega de documentos académicos, luego de que una madre asegurara que un centro educativo le exigió el pago de alrededor de RD$1,600 para entregarle varias certificaciones y documentos de su hijo.
De acuerdo con el testimonio difundido, la madre acudió inicialmente al Distrito Educativo 10-04 para plantear su inconformidad por los montos que, según afirma, le fueron cotizados para obtener los documentos escolares. Según su relato, en el distrito le explicaron que esa dependencia del Ministerio de Educación no realiza cobros por las firmas o trámites señalados y que el dinero reclamado correspondía, de acuerdo con el colegio, a supuestos “gastos administrativos”.
La denunciante asegura que entre los documentos por los que se le habría solicitado dinero figuraban una carta de saldo, una carta de conducta, una nota de quinto grado y el documento conocido como CIGER. Sobre este último, sostiene que se le explicó posteriormente que podía ser entregado sin costo, aunque ya no estaba disponible en el momento en que acudió al centro educativo.
Según la versión de la madre, durante una conversación con la dirección del colegio se le explicó que los llamados gastos administrativos estaban relacionados con el envío de mensajeros para trasladar documentos al distrito y corregirlos cuando estos presentaban algún error que impedía su firma.
La madre cuestionó, sin embargo, que ese argumento pudiera justificar el cobro por documentos como una carta que certificara que no mantiene deudas con el centro, una constancia de conducta o una copia de las calificaciones que ya reposan en los archivos de la institución.
El caso tomó mayor relevancia porque, según la denunciante, desde el Distrito Educativo le indicaron que los trámites que corresponden a esa dependencia no implicaban el pago de las sumas que reclamaba el colegio. La madre sostiene que, pese a esto, el centro educativo mantuvo su posición de cobrar los RD$1,600 antes de completar la entrega de los documentos.
La denunciante también aseguró que la directora del centro le manifestó que había realizado publicaciones en redes sociales que podían ocasionarle un daño reputacional, a raíz de un video en el que expuso su inconformidad con los cobros. Ante esto, la madre respondió que, si la institución consideraba que había incurrido en alguna actuación ilegal, debía acudir a las instancias correspondientes.
El debate sobre la entrega de documentos escolares por parte de colegios privados no es nuevo en República Dominicana. De hecho, el Ministerio de Educación ha señalado públicamente que la normativa vigente prohíbe la retención de expedientes de calificaciones, documentos académicos y certificados como consecuencia de la falta de pago de cuotas por parte de las familias.
En 2011, el Consejo Nacional de Educación aprobó una resolución especial que, además de establecer disposiciones relacionadas con las tarifas de los centros educativos privados, prohibió la retención de expedientes de calificaciones y documentos académicos, así como la no emisión de certificados que afecten a los estudiantes por falta de pago. Esta disposición ha sido recogida posteriormente en comunicaciones oficiales del MINERD.
El propio Tribunal Constitucional registra que la regulación de las instituciones educativas privadas y la prohibición de determinadas prácticas vinculadas con el cobro de tarifas han sido objeto de controversias jurídicas, incluyendo acciones relacionadas con el artículo 48 de la Ley 136-03, la Ley 86-00 y la resolución especial del Consejo Nacional de Educación de julio de 2011.
La discusión, sin embargo, requiere distinguir entre retener documentos académicos por una deuda y establecer eventualmente cargos administrativos por servicios adicionales, un aspecto que debe analizarse a partir de la naturaleza específica de cada documento, las condiciones informadas previamente a las familias y la normativa aplicable.
En este caso particular, la madre sostiene que no se trata de una deuda por mensualidades o matrícula pendiente, sino de un cobro que el colegio identifica como gastos administrativos para gestionar y entregar documentos que necesita para trasladar a su hijo a otro centro educativo.
“No te voy a pagar para que me entregues los documentos“, afirmó la denunciante en el video, al explicar su decisión de no realizar el pago reclamado.
La situación permanece, por ahora, como una denuncia difundida públicamente por la madre, sin que en la información disponible se haya incorporado la versión del colegio señalado. Por ello, correspondería conocer la posición formal del centro educativo sobre los RD$1,600 reclamados, cuáles documentos están sujetos al cobro, bajo qué concepto se establece cada tarifa y cuál es la base normativa o contractual utilizada para exigir esos pagos.
