El Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró la anulación formal de los contratos de concesión minera suscritos con Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo) en 1956 y 1969.
La sentencia, emitida el 12 de agosto de 2026 por la Segunda Sala del tribunal, extingue los derechos de explotación sobre 22,392 hectáreas de la concesión Quisqueya I, situada entre La Vega y Monseñor Nouel.
La acción legal interpuesta por el Estado en julio de 2025 se fundamentó en la paralización de las actividades extractivas desde noviembre de 2023 y en la omisión de los informes técnicos semestrales y anuales correspondientes a los períodos 2023, 2024 y 2025.
El tribunal determinó que la falta de operaciones continuadas vulnera el interés público y constituye un incumplimiento grave de las cláusulas contractuales esenciales.
Con este fallo, la jurisdicción desestimó los pedimentos de inadmisibilidad presentados por la empresa minera.
La resolución judicial se produce en paralelo a una crisis operativa caracterizada por el cese de funciones sin un plan de cierre, lo que generó la desvinculación de más de 900 trabajadores en 2024 mediante la intervención del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y un grupo posterior de exempleados con demandas laborales estimadas en 300 millones de pesos.
Asimismo, la paralización arrastra pasivos superiores a los cien millones de dólares con contratistas y suplidores de la zona, impactando la economía de la provincia Monseñor Nouel.
El proceso de extinción contractual, conducido en representación estatal por los abogados Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León, opera de forma independiente al proceso de reestructuración mercantil que la empresa atraviesa bajo la Ley 141-15 a solicitud de sus acreedores, instancia donde se dirimirán las obligaciones financieras pendientes de la compañía.
