El proyecto que modifica la Ley Orgánica de la Policía Nacional no solo abrió el debate sobre los cambios que necesita la institución, sino también sobre si una reforma legal será suficiente para transformar el cuerpo del orden o si, por el contrario, es necesaria una refundación desde sus bases.
Mientras el Congreso Nacional estudia la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo, las posiciones sobre el alcance de la transformación se han dividido entre quienes consideran que el proyecto fortalece la institución y quienes entienden que resulta insuficiente o incluso perjudicial.
Uno de los planteamientos más radicales fue el del senador Antonio Taveras Guzmán, quien sostuvo que la Policía Nacional “no es reformable” debido a la cultura de violencia que, a su juicio, arrastra desde su creación durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
El legislador afirmó que el país necesita construir una nueva institución con un modelo de policía civil y comunitaria, enfocada en la prevención del delito, el respeto a los derechos ciudadanos y una formación profesional más rigurosa. Además, abogó por eliminar prácticas que considera propias de una estructura militarizada y combatir la corrupción que, según dijo, ha persistido durante décadas.
En contraste, el exdirector de la Policía Nacional Rafael Guillermo Guzmán Fermín rechazó varios aspectos del proyecto de ley y advirtió que, lejos de fortalecer la institución, la propuesta podría debilitarla.
Entre sus principales cuestionamientos mencionó la eliminación de derechos adquiridos de los agentes en materia de pensiones y la creación de la figura de un subdirector general civil encargado de administrar las finanzas de la institución, medida que consideró una afectación al mando policial.
Guzmán Fermín también criticó la rapidez con que avanza la iniciativa en el Congreso y pidió que sea sometida a un estudio más profundo antes de su aprobación.
Las declaraciones evidencian que el debate sobre la transformación policial ya no se limita al contenido del proyecto de ley. Mientras algunos sectores consideran que el problema radica en el modelo institucional heredado durante décadas, otros centran sus críticas en disposiciones específicas de la iniciativa presentada por el Gobierno.
Con el proyecto ya en manos del Congreso Nacional, el proceso legislativo definirá si la reforma se limita a modificar el funcionamiento de la Policía Nacional o si las discusiones impulsan cambios más profundos sobre el futuro de la institución.
