La administración del presidente Donald Trump ha anunciado nuevas medidas orientadas a restringir la permanencia de inmigrantes en Estados Unidos.
Entre las disposiciones presentadas destaca la imposición de plazos fijos para las visas de estudiantes, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación, así como una revisión de los criterios de «carga pública» para quienes acceden a beneficios sociales como Medicaid o cupones de alimentos.
Respecto a las visas estudiantiles (categorías F, J e I), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que se eliminará el esquema de «duración de estatus», que permitía hasta ahora una estancia indefinida condicionada a la matriculación académica.
La nueva normativa establece un plazo fijo de admisión para estos titulares, bajo el argumento oficial de prevenir un uso prolongado del sistema migratorio.
Paralelamente, un reporte de The Wall Street Journal señala que el Ejecutivo evalúa implementar una fianza de 100,000 dólares para los solicitantes de la residencia permanente («green card») que realicen el proceso desde el extranjero.
El objetivo declarado de esta medida es restringir la inmigración de personas con bajos ingresos. El esquema contemplaría la devolución del depósito una vez que el solicitante obtenga la ciudadanía estadounidense.
Estos anuncios ocurren tras antecedentes judiciales sobre las políticas migratorias de la administración.
En junio pasado, el juez federal Leo Sorokin, del Tribunal de Distrito en Boston, anuló una cuota de 100,000 dólares que el gobierno intentó imponer a los visados H-1B.
El magistrado concluyó que, en dicho caso, el poder ejecutivo se extralimitó en sus facultades y violó la Ley de Procedimiento Administrativo, normativa que regula la emisión de regulaciones por parte de las agencias federales.
