La entrada en vigencia de la Ley 85-25 sobre Alquileres de Bienes Inmuebles ha generado dudas entre quienes buscan rentar una vivienda, especialmente sobre la continuidad del denominado “2+1”, una práctica común en el mercado inmobiliario dominicano.
Aunque la nueva legislación establece reglas más claras sobre los depósitos y los gastos del contrato, N Digital consultó a especialistas en derecho inmobiliario, quienes advierten que los inquilinos aún podrían enfrentarse a este tipo de exigencias en la práctica.
El abogado Jean Cristófer Pérez explicó que el “2+1” nunca estuvo contemplado en la legislación anterior ni forma parte de la nueva ley. Según indicó, la normativa únicamente reconoce hasta dos meses de depósito en garantía, mientras que el tercer pago suele corresponder a la comisión del corredor inmobiliario, una práctica creada por el propio mercado.
Sin embargo, Pérez considera que la aprobación de la ley no eliminará automáticamente esa costumbre. A su juicio, muchos propietarios continuarán imponiendo el pago del “2+1” como condición para alquilar sus inmuebles, aprovechando la alta demanda de viviendas.
“El inquilino tiene pocas opciones para negociar. Al final debe decidir entre aceptar las condiciones o perder la oportunidad de alquilar”, afirmó.
En ese mismo orden, la abogada Darnetty Lugo señaló que la Ley 85-25 busca precisamente transparentar esas operaciones. Explicó que todo pago debe estar debidamente identificado, diferenciando el depósito de garantía, el primer mes de alquiler y cualquier comisión por intermediación.
“No todo pago tiene la misma naturaleza jurídica y el inquilino tiene derecho a saber exactamente por qué está pagando”, sostuvo.
Lugo añadió que, si un propietario solicita un pago adicional, el arrendatario puede exigir que se le explique el fundamento y el concepto del cobro. Asimismo, recordó que la legislación establece que la comisión del corredor corresponde a quien contrata ese servicio, mientras que los gastos legales del contrato deben distribuirse entre ambas partes, salvo que acuerden otra modalidad.
La jurista reconoció que la ley representa un cambio importante, pero advirtió que modificar una práctica arraigada durante décadas tomará tiempo.
“La costumbre no está por encima de la ley, pero cambiar la cultura del mercado será un proceso gradual”, expresó.
Ambos abogados coinciden en que el principal reto de la Ley 85-25 no será su contenido, sino su aplicación efectiva. Mientras el mercado se adapta a las nuevas reglas, recomiendan a los inquilinos informarse sobre sus derechos, solicitar el desglose de cada pago y conservar toda la documentación relacionada con el contrato para evitar futuros conflictos.
