Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con registros del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVHED), revelan que durante 2025 el número de permisos otorgados para construcciones privadas fue muy inferior a la cantidad de obras registradas en el país.
De acuerdo con las estadísticas de la ONE, durante 2025 se otorgaron 1,362 permisos para construcciones privadas, mientras se registraron 4,163 edificaciones, una diferencia de 2,801 proyectos.
La provincia La Altagracia recibió 264 permisos, pero registró 1,642 construcciones, equivalente a cerca del 40 % del total nacional. Santo Domingo encabezó el número de permisos aprobados con 290, mientras registró 827 construcciones. El Distrito Nacional, con 234 permisos, ocupó el segundo lugar en autorizaciones y registró 186 proyectos, una cantidad menor. De su lado, Santiago, con 219 permisos, se ubicó en el cuarto lugar en permisos y contabilizó 250 construcciones.
En conjunto, estos cuatro territorios concentraron cerca de tres cuartas partes de las autorizaciones emitidas durante el año.
Otros territorios con una actividad constructiva relevante fueron San Juan, con 145 construcciones; Azua, con 105; Samaná, con 101; San Cristóbal, con 87; Duarte, con 86; Puerto Plata, con 81; San Pedro de Macorís, con 71, y La Vega, con 63.
En contraste, las provincias con menor cantidad de construcciones fueron Pedernales y Monte Plata, con un proyecto cada una; San José de Ocoa, con dos; Monte Cristi y Santiago Rodríguez, con tres; Peravia, con seis; y Barahona y Hermanas Mirabal, con nueve construcciones cada una.
PROVINCIAS CON MÁS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
Después de Santo Domingo, La Altagracia, el Distrito Nacional y Santiago, el segundo grupo de provincias con mayor cantidad de permisos estuvo integrado por Duarte, con 55; La Vega, con 40; San Pedro de Macorís, con 33; Puerto Plata, con 32; Samaná, con 27; San Cristóbal, con 24; Espaillat, con 21; Monseñor Nouel, con 13; San Juan, con 12; Valverde, Peravia y Barahona, con nueve; y Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, con seis, entre otras.
Las menores cantidades correspondieron a Pedernales, con un permiso; Bahoruco, Monte Plata y San José de Ocoa, con dos cada una.
LA ALTAGRACIA TAMBIÉN LIDERÓ EL ÁREA TOTAL EN CONSTRUCCIÓN
En cuanto al área utilizada para construcción del sector privado, La Altagracia encabezó el país con 1,545,273.3 metros cuadrados, seguida por Santo Domingo, con 1,368,845.5; el Distrito Nacional, con 958,078.9; y Santiago, con 414,125.9 metros cuadrados.
También sobresalieron Puerto Plata, con 143,070.6 metros cuadrados; San Pedro de Macorís, con 110,308.8; La Vega, con 93,589.3; San Cristóbal, con 82,137.3; La Romana, con 79,945.6; y Duarte, con 64,827.2 metros cuadrados.
LA DIFERENCIA ENTRE PERMISOS Y CONSTRUCCIONES PLANTEA INTERROGANTES
En resumen, mientras el MIVHED otorgó 1,362 permisos para edificaciones privadas, el país registró 4,163 construcciones. La diferencia de 2,801 proyectos plantea interrogantes sobre la fiscalización, el cumplimiento de la normativa y el crecimiento urbano, competencias que la Ley 176-07 atribuye a las alcaldías.
Uno de los datos que más llama la atención corresponde a La Altagracia. La provincia recibió 264 permisos, pero registró 1,642 construcciones. Además, las estadísticas reflejan que solo en septiembre de 2025 se contabilizaron 1,116 construcciones, un comportamiento que merece una explicación por parte de las autoridades competentes.
LOS RIESGOS DE UN CRECIMIENTO SIN PLANIFICACIÓN
La diferencia entre los permisos otorgados y la cantidad de construcciones registradas plantea desafíos para la planificación territorial. Entre ellos figuran la presión sobre el suministro de agua potable, el drenaje pluvial, la movilidad urbana, el sistema eléctrico, la gestión de residuos sólidos y el aumento de la vulnerabilidad frente a inundaciones, huracanes y terremotos.
Construir más no siempre significa desarrollar mejor. Una adecuada planificación urbana puede traducirse en una mejor calidad de vida, ciudades más resilientes, reducción de riesgos, mayor competitividad, inversión sostenible, seguridad jurídica, protección del medio ambiente y bienestar para la población.
Especialistas consideran que esta tendencia refleja el crecimiento acelerado de varios municipios de La Altagracia, especialmente Punta Cana, impulsado por el auge del turismo y la inversión inmobiliaria. No obstante, advierten que, sin una planificación adecuada, ese crecimiento podría generar hacinamiento y mayores niveles de vulnerabilidad a largo plazo.
Asimismo, sostienen que las oportunidades derivadas del crecimiento económico, el fortalecimiento del turismo y la llegada de inversión nacional y extranjera deben ir acompañadas de una planificación que garantice el desarrollo sostenible y preserve la calidad de vida de la población.
