La muerte del joven Darlin Mercado, a manos de un agente policial, ha reabierto el debate sobre las deficiencias de la Policía Nacional. Aunque el proceso judicial avanza y la legislación dominicana contempla sanciones para este tipo de hechos, abogados consultados coinciden en que el principal desafío no radica en la falta de normas, sino en las fallas institucionales relacionadas con la selección, supervisión y control de los agentes.
Para Bunel Ramírez Merán, abogado de la familia de Darlin Mercado, la respuesta del sistema de justicia ha sido la correcta en esta etapa del proceso, tras la imposición de medida de coerción contra el imputado. A su juicio, la conducta atribuida al agente está claramente tipificada en el Código Penal dominicano, por lo que el marco legal vigente ofrece las herramientas necesarias para que, de demostrarse su responsabilidad, sea condenado.
En ese sentido, entiende que el caso debe servir para abrir una discusión más amplia sobre los mecanismos de prevención dentro de la institución policial y las medidas que permitan reducir el riesgo de que situaciones similares se repitan.
La ley existe; el desafío está en la institución
El abogado Robinson Reyes, consultado de manera independiente, coincide en que la legislación dominicana garantiza un proceso judicial transparente y ofrece los mecanismos necesarios para que se haga justicia.
Sin embargo, considera que las principales deficiencias se encuentran en la Policía Nacional, institución responsable de prevenir los delitos y hacer cumplir la ley.
A su juicio, parte de esas debilidades se reflejan en que miembros de los cuerpos del orden terminan involucrados en procesos penales, una realidad que, afirma, obliga a revisar con mayor profundidad los mecanismos de selección, formación, supervisión y seguimiento de los agentes.
La prevención entra al debate
Como parte de las propuestas surgidas a raíz del caso, Bunel Ramírez Merán planteó la creación de un departamento permanente de salud mental dentro de la Policía Nacional, encargado de evaluar y dar seguimiento psicológico a los agentes para determinar si se encuentran en condiciones de portar armas de fuego.
La propuesta coincide con una de las medidas contempladas en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establece la realización de monitoreos periódicos de salud mental para los miembros activos, además de las evaluaciones aplicadas durante el proceso de ingreso, como parte de las acciones orientadas a fortalecer los controles internos de la institución.
El mismo proyecto también plantea institucionalizar un Protocolo de Selección del Personal, crear una Dirección de Incorporación con alcance nacional, descentralizar el proceso de reclutamiento y reforzar la depuración de los aspirantes mediante la interoperabilidad con instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Procuraduría General de la República para verificar antecedentes e información relevante.
Una reforma que vaya más allá de las leyes
El abogado independiente considera que la muerte de Darlin Mercado también puso de manifiesto el malestar ciudadano frente a actuaciones atribuidas a miembros de la Policía Nacional, reflejado en las manifestaciones y cacerolazos registrados tras el hecho.
Asimismo, sostuvo que persiste la percepción de un trato desigual hacia personas de sectores de clase media baja y baja durante algunas intervenciones policiales, lo que, a su juicio, continúa afectando la confianza de parte de la población en la institución.
Para ambos juristas, el caso trasciende el proceso penal que actualmente se conoce en los tribunales y representa una oportunidad para revisar la eficacia de los mecanismos de selección, evaluación, supervisión y seguimiento de los agentes policiales, con el propósito de fortalecer la institución y prevenir nuevas tragedias.
Como parte del proceso judicial, la Oficina de Atención Permanente impuso 12 meses de prisión preventiva al agente policial imputado por la muerte de Darlin Mercado y declaró el caso complejo, acogiendo la solicitud presentada por el Ministerio Público.
Con esta decisión, el órgano acusador dispondrá de un mayor plazo para completar la investigación y presentar la acusación formal, mientras el imputado permanecerá privado de libertad durante el desarrollo de esa etapa del proceso.
