Desde el 14 de octubre de 2024, cuando el Gobierno presentó en “LA Semanal” la nueva imagen de la Policía Nacional, numerosos acontecimientos han puesto sobre la mesa hasta qué punto ese proceso de reforma ha impactado a la institución.
Durante esa presentación fueron exhibidos nuevos uniformes para los agentes, anuncios de aumentos salariales, incremento del presupuesto, adquisición de cámaras, camionetas, motocicletas, radares y software, entre otros recursos.
Sin embargo, todo parece indicar que esos esfuerzos gubernamentales, sumados a los cambios planteados en el proyecto que cursa en el Congreso Nacional, todavía no han provocado una transformación de fondo en el accionar de los agentes.
Entre los casos internacionales que pueden analizarse figuran Georgia, país que desmanteló su policía para reconstruir la confianza, entre 2004 y 2006; Ucrania, que creó una nueva institución policial tras abandonar el modelo soviético, desde 2015; Escocia, que fusionó ocho cuerpos policiales y redujo espacios para la corrupción; Colombia, que profesionalizó su policía sin detener el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, entre 2021 y 2022; y Chile, que reformó una institución ampliamente cuestionada sin perder capacidad operativa, desde 2019.
Las palabras disolución, corrupción, abusos, violaciones de los derechos humanos, tecnificación, educación, asesinatos y desconfianza ciudadana estuvieron entre los principales indicadores que impulsaron esas reformas.
Muchos de esos indicadores tampoco son ajenos al accionar de la Policía Nacional de la República Dominicana que, en numerosos casos, actúa más como un órgano de represión del Estado que como una institución llamada a identificar adecuadamente a los ciudadanos, distinguir a quienes representan una amenaza real y saber cuándo emplear toda la fuerza del Estado o cuándo imponer el orden respetando la vida y la integridad física de las personas.
En una época en la que los derechos ciudadanos constituyen una exigencia permanente, la visión de la Policía Nacional, sostienen analistas y especialistas en la materia, choca con las aspiraciones propias de una sociedad democrática.
LA REFORMA VA MUCHO MÁS ALLÁ DE UNA NUEVA LEY
Lo que debe hacerse trasciende la aprobación de una eventual legislación que contemple aspectos como una nueva estructura de carrera policial, el fortalecimiento de la profesionalización, la prohibición de que los agentes realicen servicios privados de seguridad, un nuevo régimen disciplinario, mayor énfasis en la investigación científica, la transformación administrativa y operativa, así como nuevos mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
La salud mental, la comprensión de los procesos democráticos, el respeto a los derechos humanos, las sanciones penales por asesinatos injustificados, la educación en valores, la urbanidad, la moral y la ética deben tener tanto peso como la preparación para enfrentar a los criminales, una labor que por sí sola ya resulta compleja y delicada.
Los especialistas en temas legislativos saben que un proyecto de esta magnitud no se estudia ni se aprueba en un mes. También requiere la participación de numerosos sectores, incluida la propia sociedad, que en muchas ocasiones termina siendo víctima de la institución llamada a protegerla.
La gran interrogante es si realmente se está diseñando la Policía Nacional que necesitará la República Dominicana hacia el año 2050, capaz de combatir eficazmente a la delincuencia y, al mismo tiempo, proteger a los ciudadanos honestos e indefensos.
Como han planteado quienes encabezan el proceso de reforma, el nuevo modelo debe sustentarse en un perfil profesional con sólida formación humana. Su enfoque también debe ir de la mano con el análisis de los perfiles criminales, mediante el fortalecimiento de la Policía Científica, evitando actuaciones que desencadenen crisis por la muerte injustificada de personas inocentes.
LAS REALIDADES INTERNACIONALES
1. GEORGIA, EL PAÍS QUE DESMANTELÓ SU POLICÍA PARA RECONSTRUIR LA CONFIANZA (2004-2006)
Tras la Revolución de las Rosas, en 2003, Georgia enfrentaba una de las policías más corruptas del antiguo bloque soviético. Los sobornos eran frecuentes, el crimen organizado había infiltrado numerosas instituciones y la confianza ciudadana en los cuerpos policiales era prácticamente inexistente.
El nuevo gobierno tomó una decisión sin precedentes. En lugar de reformar gradualmente la institución, optó por desmantelar gran parte de la estructura existente. Cerca de 16,000 agentes fueron destituidos, se redujo el tamaño del Ministerio del Interior, se eliminaron unidades consideradas ineficientes y se creó una nueva Policía de Patrullaje mediante procesos de selección más rigurosos. Paralelamente, aumentaron los salarios, se modernizó el equipamiento, se construyeron nuevas estaciones policiales y se fortalecieron los sistemas internos de supervisión.
Los resultados fueron rápidos. La corrupción cotidiana disminuyó de forma drástica y la confianza ciudadana aumentó considerablemente. Diversos estudios consideran esta transformación como uno de los casos más exitosos de reforma policial de las últimas décadas.
2. UCRANIA, CONSTRUIR UNA NUEVA POLICÍA DESPUÉS DEL MODELO SOVIÉTICO (DESDE 2015)
Después de la Revolución de la Dignidad y del cambio político ocurrido en 2014, Ucrania inició una profunda transformación de su sistema policial. El objetivo era romper con la antigua militsiya soviética, ampliamente cuestionada por corrupción, abuso de poder y falta de credibilidad.
En 2015 nació la Policía Nacional de Ucrania. El proceso incluyó concursos públicos para reclutar nuevos agentes, evaluaciones del personal existente, modernización de la formación académica, incorporación de mujeres, mayor transparencia administrativa y un enfoque orientado al servicio ciudadano.
Durante los primeros años, la reforma mejoró la percepción pública y proyectó una imagen renovada de la institución. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron dificultades importantes. Persistieron redes de corrupción, algunos procesos disciplinarios perdieron efectividad y las presiones políticas dificultaron consolidar plenamente el nuevo modelo policial.
3. ESCOCIA, UNA SOLA POLICÍA PARA TODO EL PAÍS (2013)
A diferencia de otras reformas motivadas por crisis de corrupción, Escocia buscó mejorar la eficiencia institucional. En 2013 fusionó sus ocho cuerpos policiales regionales en una única organización nacional, Police Scotland.
La unificación permitió centralizar la administración, compartir recursos especializados, coordinar investigaciones complejas y optimizar el uso del presupuesto público. También facilitó la creación de unidades especializadas en ciberdelincuencia, crimen organizado y análisis criminal.
Los resultados fueron positivos en términos de capacidad operativa y reducción de duplicidades. No obstante, la centralización también generó críticas. Diversos sectores señalaron que algunas comunidades percibían una menor cercanía con la policía local y reclamaron mayores mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
4. COLOMBIA, PROFESIONALIZAR LA POLICÍA SIN DETENER EL PROCESO DE SUPERVISIÓN (2021-2022)
Las protestas sociales registradas en Colombia entre 2019 y 2021 abrieron un intenso debate sobre el funcionamiento de la Policía Nacional, especialmente por las denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza y la necesidad de fortalecer la protección de los derechos humanos.
Como respuesta, el gobierno impulsó una reforma orientada a profesionalizar la carrera policial. Se modificó el estatuto de carrera, se crearon nuevas oportunidades de ascenso basadas en el mérito, se reforzó la capacitación y se actualizaron diversos procedimientos internos. Además, se promovieron cambios para fortalecer la transparencia institucional y mejorar los mecanismos disciplinarios.
5. CHILE, REFORMAR UNA INSTITUCIÓN CUESTIONADA SIN PERDER CAPACIDAD OPERATIVA (DESDE 2019)
Las manifestaciones sociales de 2019 colocaron a Carabineros de Chile en el centro del debate nacional. Las denuncias por uso desproporcionado de la fuerza impulsaron una agenda de modernización orientada a fortalecer la legitimidad institucional.
Entre las principales medidas figuraron la revisión de los protocolos de actuación, la actualización de los programas de formación, el fortalecimiento de la enseñanza en derechos humanos, la modernización tecnológica y el incremento de los mecanismos internos de control y transparencia.
La reforma permitió introducir mejoras en los procedimientos policiales y reforzar la capacitación de los agentes. Sin embargo, especialistas coinciden en que recuperar plenamente la confianza ciudadana requiere un proceso mucho más prolongado que la simple aprobación de nuevas normas o protocolos.
