Un grupo de diputados provida llamó este miércoles al Tribunal Constitucional (TC) a rechazar la acción directa de inconstitucionalidad que busca anular artículos del nuevo Código Penal relacionados con el aborto e incorporar, mediante una sentencia, causales que no fueron aprobadas por el Congreso Nacional.
Los legisladores sostuvieron que el recurso plantea un conflicto constitucional al pretender que el TC asuma funciones legislativas al modificar el contenido de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal.
“El Tribunal Constitucional está llamado a garantizar la Constitución, no a legislar desde una sentencia. La definición de los delitos, las penas y las eximentes corresponde al Congreso Nacional, no a un fallo judicial”, expresaron.
Los congresistas afirmaron que el Código Penal es compatible con el artículo 37 de la Constitución, el cual establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte.
“La vida desde la concepción no es una opinión religiosa, partidaria ni ideológica. Es una decisión constitucional adoptada soberanamente por la Nación dominicana y obliga a todos los poderes públicos”, señalaron.
Asimismo, indicaron que la legislación vigente contempla excepciones para intervenciones médicas cuando sea necesario preservar la vida de la madre, del feto o de ambos, conforme a lo establecido en el artículo 111 del Código Penal.
“Ningún médico será perseguido en la República Dominicana por salvar la vida de una mujer. La ley contempla la necesidad vital. Lo que no permite la Constitución es convertir esa excepción estricta en una puerta abierta para despenalizar el aborto”, afirmaron.
En relación con las causales propuestas por los accionantes, los diputados argumentaron que la causal de salud es jurídicamente indeterminada y que la de inviabilidad fetal contraviene, a su juicio, los principios constitucionales de dignidad e igualdad al condicionar la protección de la vida a un diagnóstico médico o expectativa de supervivencia.
Sobre los casos de violación, agresión sexual o incesto, sostuvieron que el Estado debe garantizar justicia y atención integral a las víctimas, pero insistieron en que el concebido no puede ser considerado responsable del delito.
“El violador debe ser perseguido y castigado con todo el peso de la ley. La víctima debe ser protegida, acompañada y reparada. Pero el concebido no es el agresor y no puede ser tratado como responsable de un crimen que no cometió”, manifestaron.
Finalmente, los legisladores reiteraron que corresponde exclusivamente al Congreso Nacional establecer los delitos y las eximentes en materia penal, por lo que advirtieron que incorporar nuevas causales mediante una sentencia vulneraría el principio de legalidad, la separación de poderes y las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo.
