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Sector construcción advierte reforma a Ley de Residuos Sólidos podría aumentar el precio de viviendas

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), junto a otros gremios del sector construcción, expresó este lunes su preocupación por las modificaciones aprobadas en el Senado al proyecto que reforma la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que podrían incrementar el costo de las viviendas.

En un comunicado, las organizaciones cuestionaron que la iniciativa fuera aprobada con carácter de urgencia y sin el debido debate técnico.

Críticas por aprobación sin debate técnico

Sostienen que el proyecto grava los patrimonios autónomos o fideicomisos, lo que generaría una doble carga económica sobre operaciones que ya soportan obligaciones fiscales.

Según explicaron, ese escenario aumentaría los costos de desarrollo de los proyectos habitacionales, impacto que terminaría reflejándose en el precio final de las viviendas para los compradores.

Impacto en fideicomisos y precio de viviendas

Los gremios también advirtieron que la disposición podría entrar en conflicto con el régimen especial establecido en la Ley núm. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, cuyo propósito es promover el acceso a viviendas y facilitar el financiamiento del sector.

Aunque respaldaron las iniciativas dirigidas a fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y promover un manejo ambientalmente responsable, señalaron que cualquier modificación legislativa debe responder a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad económica, a fin de evitar efectos adversos sobre un sector estratégico para el país.

En ese sentido, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que abra un espacio de diálogo con los sectores involucrados antes de conocer la iniciativa, reevalúe su alcance y garantice una legislación técnicamente sustentada que promueva la sostenibilidad ambiental sin afectar la inversión, la seguridad jurídica ni el acceso a la vivienda.

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