Los crecientes casos de suicidios, homicidios vinculados a conflictos personales, episodios de violencia extrema y otros comportamientos asociados a trastornos mentales colocan a la salud mental en el centro del debate público en República Dominicana.
La preocupación ciudadana aumenta en un contexto en el que el propio Gobierno ha definido la salud mental como una de las prioridades de sus políticas sanitarias. En el país, el 5.7 % de la población padece ansiedad y el 4.7 % depresión. Además, en una escala general de afectaciones, las crisis de ansiedad representan el 42.1 %; los trastornos depresivos, el 33.3 %; los intentos suicidas, el 3.4 %; el alcoholismo, el 19.8 %, y la drogodependencia, el 1.5 %.
A nivel legislativo, el Senado de la República recibió en agosto del pasado año una propuesta de modificación de la Ley 12-06 sobre Salud Mental, con el objetivo de fortalecer los servicios, garantizar derechos y ampliar la cobertura en todo el territorio nacional.
Actualmente, una comisión especial del Senado estudia varias iniciativas de reforma que incluyen la propuesta sometida por Ricardo de los Santos, así como los proyectos presentados por la senadora Aracelis Villanueva y el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín). El propósito es consensuar una propuesta legislativa unificada que responda a las necesidades actuales del sistema.
En la Cámara de Diputados también se han presentado diversas iniciativas relacionadas con la salud mental. Actualmente permanecen vigentes cuatro proyectos, mientras que otros dos ya perimieron.
ESTUDIOS ALERTAN SOBRE LA MAGNITUD DE LOS TRASTORNOS MENTALES
Una investigación publicada en marzo de este año en la revista científica de la Universidad INTEC, titulada “Relación entre los cribados de depresión y ansiedad en los adultos de la comunidad de El Llano, municipio Baní, provincia Peravia, República Dominicana”, documenta que aproximadamente el 20 % de la población dominicana presenta algún trastorno mental.
Por su parte, el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que entre enero y septiembre de 2025 la red pública realizó 247,687 consultas externas de salud mental. De ese total, 176,017 correspondieron a consultas psicológicas y 71,670 a consultas psiquiátricas.
Estos datos reflejan una creciente demanda de servicios especializados y evidencian la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD MENTAL 2026-2030
El Plan Estratégico de Salud Mental de la República Dominicana establece seis principios y enfoques transversales que servirán como base para las políticas y acciones dirigidas al fortalecimiento de la atención psicológica y psiquiátrica en el país, alineados con el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Entre los principales lineamientos figura la cobertura sanitaria universal, mediante la cual se busca garantizar que las personas puedan acceder a servicios esenciales de salud y asistencia social sin que esto represente un riesgo económico, independientemente de su edad, sexo, nivel socioeconómico, raza, origen étnico u orientación sexual.
El documento también prioriza el respeto a los derechos humanos, estableciendo que las estrategias y tratamientos relacionados con la salud mental deberán ajustarse a las normativas internacionales y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, el plan incorpora prácticas basadas en evidencia científica para orientar las intervenciones terapéuticas, preventivas y de promoción de la salud mental, considerando además los factores culturales presentes en la población.
Otro de los ejes estratégicos contempla un enfoque del curso de vida, que reconoce la necesidad de responder a las demandas sanitarias y sociales en cada etapa del desarrollo humano, desde la infancia hasta la adultez mayor.
Las autoridades también destacan un enfoque multisectorial, que plantea la articulación entre instituciones de salud, educación, empleo, justicia, vivienda y otros sectores públicos y privados, con el objetivo de ofrecer una respuesta coordinada frente a los desafíos relacionados con la salud mental.
El sexto principio promueve la emancipación y participación activa de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales, integrándolas en procesos vinculados con promoción, políticas públicas, planificación, investigación, seguimiento y evaluación de los servicios de salud mental.
De acuerdo con la OMS, estos principios buscan impulsar modelos de atención más inclusivos, integrales y centrados en las personas, fortaleciendo el acceso y la protección de derechos dentro de los sistemas de salud.
DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS PSICOFÁRMACOS
Dentro de la red pública de salud, el Gobierno mantiene disponibilidad de diversos psicofármacos para el tratamiento de trastornos mentales.
Para enfermedades psicóticas se dispone de clorpromazina, flufenazina decanato o enantato, haloperidol, clozapina, quetiapina fumarato, olanzapina y risperidona.
Entre los antidepresivos figuran amitriptilina clorhidrato, clomipramina clorhidrato, duloxetina, fluoxetina clorhidrato, sertralina clorhidrato, escitalopram y metilfenidato clorhidrato.
Para el tratamiento del trastorno bipolar están disponibles carbamazepina, carbonato de litio y ácido valproico (valproato sódico).
En los casos de ansiedad y trastornos del sueño, la red pública dispone de alprazolam, diazepam, lorazepam y clonazepam.
Asimismo, para el trastorno de pánico y el trastorno obsesivo-compulsivo se contempla el uso de clomipramina clorhidrato.
LA PANDEMIA AGRAVÓ LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
Datos divulgados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en octubre de 2020, tras entrevistar a más de 5,000 jefes y jefas de hogar en República Dominicana, revelaron el fuerte impacto emocional provocado por la pandemia.
El estudio indicó que el 15.4 % de los hogares presentó señales de depresión y/o ansiedad durante la cuarentena; el 6.9 % reportó tensiones familiares y el 3.1 % admitió haber incrementado el consumo de alcohol.
“Además, el 83.0 % de los hogares encuestados confirma que le inquieta que algún integrante de su hogar se enferme de coronavirus, y a un 57.5 % le preocupa no poder recibir atención médica si algún integrante llega a padecer COVID-19. Por otra parte, el 63.5 % del total de hogares percibe tener riesgo alto o medio de contraer el virus en el siguiente mes, un 26.9 % percibe que su riesgo de contagio es bajo y el 7.0 % afirma no tener riesgo de enfermarse. El resto de los hogares (2.6 %) indica que no sabe cuál es el riesgo de enfermarse”, agregaba.
Los resultados muestran que la pandemia dejó secuelas significativas en la salud mental de la población dominicana y elevó los niveles de incertidumbre y estrés en miles de familias.
ALIMENTACIÓN, ECONOMÍA Y BIENESTAR EMOCIONAL
Otra de las principales preocupaciones surgidas durante la crisis sanitaria estuvo relacionada con la seguridad alimentaria. El 76.7 % de los hogares manifestó preocupación por no disponer de suficientes alimentos, mientras que el 37.3 % reportó haber reducido la cantidad de comida servida diariamente.
“Sin embargo, el 26.8 % dijo que redujo el número de comidas por día y el 3.7 % pasó algún día sin comer. Asimismo, alrededor del 85 % percibió un aumento en el precio de los alimentos”, detalló el documento.
Estos indicadores reflejan cómo las dificultades económicas y alimentarias también impactaron de manera significativa la salud emocional y psicológica de la población.
JÓVENES Y ADOLESCENTES, ENTRE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES
Los datos disponibles muestran que la ansiedad continúa siendo el trastorno de salud mental más frecuente en República Dominicana, con niveles que superan el promedio mundial.
Asimismo, las consultas psicológicas y psiquiátricas registran una tendencia al alza, lo que puede interpretarse como una mayor demanda de atención y un mejor acceso a los servicios especializados.
Especial preocupación generan los adolescentes y jóvenes, quienes presentan un crecimiento sostenido en indicadores relacionados con ansiedad, depresión, conductas suicidas y consumo de alcohol y drogas, fenómenos que plantean importantes desafíos para las políticas públicas de prevención y atención integral.
