Durante más de dos décadas, el Poder Judicial ha dejado de percibir aproximadamente 143,912.2 millones de pesos del Presupuesto Nacional debido al incumplimiento de las asignaciones que le garantiza la ley.
Un análisis realizado por el economista y experto en presupuesto público, Nelson Suárez, revela una significativa brecha entre los recursos transferidos por el Poder Ejecutivo y los que debió recibir la judicatura conforme al marco legal vigente durante el período 2005-2025.
«Durante el periodo analizado, el Poder Ejecutivo debió haber entregado al Poder Judicial un monto de al menos 276,053.4 millones de pesos, (el 2.67 % de los ingresos al Fondo General) y solo le asignó 132,141.2 millones (1.27 % de los ingresos al Fondo General), lo cual arroja una diferencia negativa de 143,912.2 millones o, lo que es lo mismo, un promedio anual no entregado de 6,852.96 millones de pesos», establece el economista en su análisis.
El cálculo del experto se desprende al considerar que en ese período el Gobierno Central percibió ingresos internos en el Fondo General por un monto de 10 billones 358,479.7 millones de pesos.
En términos porcentuales, el sistema de justicia dejó de recibir el 52.1 % de los recursos que le corresponden por ley. Esto significa que, durante 21 años, percibió menos de la mitad de los fondos que le tocaban.
El año con la mayor diferencia entre los recursos asignados y los establecidos por la normativa fue el 2024, cuando la brecha alcanzó los 20,253.7 millones de pesos. En contraste, el presupuesto que más se aproximó a lo dispuesto por la ley fue el del 2006, con una diferencia de 1,147.3 millones de pesos.
Reclamo judicial
La deficiencia presupuestaria ha sido uno de los temas que ha alimentado el malestar dentro del sistema de justicia y provocó, hasta la fecha, los reclamos de sus servidores.
El pasado 21 de mayo, jueces de distintas jurisdicciones realizaron un paro nacional de labores para reclamar mejoras salariales y en las condiciones de trabajo, la aplicación del Manual de Compensaciones y Beneficios, aprobado en el 2022, mayor transparencia en la carrera judicial y el nombramiento de más personal para reducir la sobrecarga de trabajo.
La protesta fue respaldada por 450 magistrados en todo el país (lo que representa el 61 % de la judicatura) y provocó la suspensión de audiencias y otros servicios judiciales.
Ocho días después de la paralización, el Consejo del Poder Judicial anunció una serie de medidas en respuesta a las demandas del sector.
Entre ellas figura un aumento salarial del 30 % para jueces y personal administrativo, distribuido en 20 % durante el 2026 y 10 % adicional en el 2027. Asimismo, se aprobaron ajustes de entre 35 y 50 % para el personal de apoyo jurisdiccional, además del pago retroactivo de compensaciones por suplencias, ascensos, traslados y la regularización de servidores judiciales interinos.
Las asociaciones de jueces valoraron positivamente los acuerdos alcanzados y consideraron que las medidas representan una respuesta concreta a demandas que habían sido planteadas durante varios años sin resultados.
La escala del conflicto provocó que el ministro de Hacienda y Economía recientemente se pronunciara al respecto, validando los reclamos de los servidores del Poder Judicial y asegurando que el Gobierno cumplirá con los acuerdos en la medida de sus posibilidades financieras.
La Ley 194-04 establece la autonomía presupuestaria de distintos órganos del Estado, entre ellos el Poder Judicial. En su artículo 3 dispone que el presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público debe equivaler, como mínimo, al 4.10 % de los ingresos internos, incluidos los ingresos adicionales y los recargos contemplados en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos. Esos recursos deben distribuirse en una proporción de 65 % para la Suprema Corte de Justicia y 35 % para el Ministerio Público.
