El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó en estado de fallo reservado las acciones judiciales presentadas contra el reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que restringe la publicación de encuestas electorales antes del inicio oficial del período de precampaña.
La decisión fue adoptada luego de que los jueces conocieran y fusionaran un recurso contencioso electoral en nulidad y una solicitud de medidas cautelares que buscan suspender la aplicación de la normativa emitida por el órgano electoral.
Con el expediente en estado de fallo, los magistrados procederán a analizar los argumentos presentados por las partes durante la audiencia celebrada este martes y posteriormente emitirán su decisión a través de la Secretaría del tribunal.
La audiencia fue encabezada por el presidente del TSE, Ygnacio Camacho Hidalgo, junto a los magistrados Fernando Fernández Cruz y Rafaelina Peralta Arias.
Cuestionan prohibición de divulgar encuestas
Las acciones fueron sometidas por la organización Justicia Sin Fronteras, que impugna el reglamento mediante el cual la JCE regula el registro de firmas encuestadoras y limita la publicación de estudios de opinión en materia electoral.
La disposición establece que las encuestas no podrán difundirse públicamente hasta el primer domingo de julio de 2027, fecha en que iniciará formalmente la precampaña electoral.
Durante la audiencia, el presidente de la entidad y representante legal de la organización, Harrison Feliz, argumentó que la medida vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución, entre ellos la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información.
Asimismo, sostuvo que la Junta Central Electoral excedió las facultades que le otorga la legislación vigente al imponer restricciones que, a su juicio, solo pueden ser establecidas por el Congreso Nacional.
Según explicó, la Ley Orgánica de Régimen Electoral únicamente prohíbe la publicación de encuestas durante los ocho días previos a las elecciones, por lo que entiende que cualquier limitación adicional carece de base legal.
La defensa de la JCE
Por su parte, la Junta Central Electoral defendió la legalidad del reglamento y aseguró que la institución tiene competencia para adoptar medidas orientadas a preservar la equidad en los procesos electorales.
La posición del órgano fue presentada por su consultora jurídica, Nikauris Báez, quien afirmó que las restricciones buscan garantizar un ambiente de equilibrio y evitar ventajas anticipadas entre aspirantes y organizaciones políticas.
Báez sostuvo que la divulgación de encuestas fuera de los plazos establecidos podría influir en la percepción de los votantes y convertirse en una forma indirecta de promoción política.
De acuerdo con la funcionaria, la intención de la Junta no es impedir que los partidos realicen estudios internos sobre el posicionamiento de sus candidatos, sino evitar que esos resultados sean utilizados públicamente para incidir en la competencia electoral antes de los períodos permitidos por la ley.
La representante legal de la JCE consideró además que el caso brinda al Tribunal Superior Electoral la oportunidad de establecer un precedente importante sobre el alcance de las competencias de la jurisdicción electoral en esta materia.
Ahora corresponderá a los jueces del TSE deliberar sobre los planteamientos expuestos por ambas partes antes de emitir una decisión definitiva sobre la validez o no de la disposición cuestionada.
