En los últimos tres años, el Ministerio Público ha ejecutado cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
En noviembre de 2023, la Policía Nacional y el Ministerio Público arrestaron a 10 personas en el callejón Los Chitos de Jacagua donde operaba un “Call Center” clandestino.
Asimismo, en octubre de 2024, otras 10 personas fueron arrestadas en el distrito municipal de San Francisco, donde fueron incautados 14 vehículos, del tipo jeepetas.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros, en estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras otros estuvieron relacionados al tráfico de sustancias ilícitas.
operación
Durante un operativo realizado la madrugada del pasado miércoles, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
denuncia
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
Según explicó el abogado Miguel Valdemar Díaz Salazar, las restricciones comenzaron desde las primeras horas de la madrugada, cuando se ejecutaron los operativos.
Equipo Swat de la Policía Nacional en proceso de allanamiento en Santiago.Listín Diario
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
“Un personal militar de la fortaleza me indicó que por órdenes de sus superiores no me podía dejar pasar y me dirigió donde la fiscal Quirsa Abreu. Sin embargo, en su despacho nos informaron que ella y los demás fiscales se encontraban en la fortaleza”, señaló.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
