Luego de concluida la audiencia del 27 de abril en el caso Jet Set, surgió un debate a partir de declaraciones del juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, quien consideró que la defensa o peritos sugeridos por hermanos Antonio y Maribel Espaillat debió participar en las labores de peritaje ordenadas por el Ministerio Público.
Sin embargo, el Código Penal dominicano, al referirse a “la ejecución del peritaje”, establece que durante la etapa preparatoria el Ministerio Público no está obligado a convocar a las partes a la operación.
Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia número 56 del 13 de abril de 2016, conoció un reclamo de la parte acusada que alegaba no haber sido notificada sobre la selección de un perito ni invitada a presenciar el proceso.
En ese sentido, el alto tribunal determinó que dicho planteamiento no acarreaba la nulidad de la actuación y que, al encontrarse en la etapa preparatoria, el Ministerio Público no estaba obligado a convocar a las partes para su realización.
El juez autorizó un nuevo peritaje, que deberá ser entregado en un plazo de 30 días, sobre los escombros de la colapsada discoteca. Además, este viernes 1 de mayo continuará la audiencia preliminar con la exposición de la defensa de los hermanos Espaillat. En ese escenario, también podría presentarse un peritaje elaborado por la defensa.
El Ministerio Público acusa a los imputados de homicidio involuntario y de golpes y heridas involuntarias. El órgano acusador sostiene que, como resultado de los hechos investigados, murieron 236 personas y más de 180 resultaron heridas.
Según el expediente, en su condición de responsables de la operación del establecimiento ubicado en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat habrían incurrido en violaciones a los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
