El procurador fiscal adjunto y director nacional de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo que el Poder Judicial predica en la teoría la necesidad de que se produzcan más acuerdos en el proceso penal, pero en la práctica, envía decisiones contradictorias que podrían desincentivar la realización de estos acuerdos con el órgano acusador.
Así reaccionó Camacho a la medida de coerción consistente en prisión domiciliaria impuesta por el juez Rigoberto Sena a los catorce imputados en el caso Lobo, una supuesta red que se encargaba de repartir sobornos a cambio de agenciarse contratos de seguridad privada con varias instituciones públicas.
Camacho dijo que hay al menos tres elementos a resaltar: que los imputados del proceso quedaron privados de libertad, que el tribunal decretó la complejidad del caso, y que seguirán realizando acuerdos con los imputados en todas las etapas.
El funcionario del área judicial dijo que en la dinámica de contratación de seguridad de este esquema de sobornos hay más de lo que se presentó en las audiencias de solicitud de medida de coerción, al tiempo de advertir que irán contra todos, sin descartar que se produzca la realización de un caso Lobo 2.0.
