Santo Domingo.– En el marco de la Jornada de Evaluación, sobre la Participación Gubernamental y de la Sociedad Civil en el Proceso de la Reforma Penitenciaria Dominicana, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, disertó este viernes sobre la propuesta de creación del Ministerio de Justicia y su impacto directo en el sistema penitenciario dominicano.
Durante su exposición, Peralta Romero abordó tres ejes centrales: la oleada de reformas penitenciarias, los antecedentes históricos del Ministerio de Justicia y el contenido de la propuesta legislativa, que incluye el rol del sistema penitenciario en esta nueva estructura.
Una reforma con base histórica e institucional
El funcionario recordó que el sistema penitenciario dominicano se ha sustentado históricamente en el Código Penal vigente desde 1884, de inspiración napoleónica, y que apenas desde 2004 se ha intentado cambiar ese modelo con la implementación del Nuevo Modelo Penitenciario, el cual, pese a sus avances, no ha resuelto problemáticas como la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento y el descontrol en las prisiones.
Asimismo, destacó la promulgación de la Ley núm. 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional y crea la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, actualmente bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República, aunque aclaró que “esto no siempre fue así en la realidad política y jurídica del país”.
En un recuento histórico, Peralta explicó que el Ministerio de Justicia existió desde 1844 y fue suprimido mediante la Ley núm. 485, durante el Triunvirato en 1964. Indicó que su posible retorno ha sido tema de discusión por más de dos décadas, recobrando impulso con el respaldo del presidente Luis Abinader, lo que permitió presentar una propuesta en el Congreso Nacional en 2023, aprobada por el Senado en junio pasado. “Cada vez está más cerca de convertirse en ley”, aseguró.
También señaló que, de los 22 países iberoamericanos, solo tres (Ecuador, Nicaragua y República Dominicana) mantienen las funciones administrativas del sistema de justicia bajo el Ministerio Público, situación que esta reforma busca revertir.
Implicaciones directas para el sistema penitenciario
Peralta Romero sostuvo que con la creación del Ministerio de Justicia, esta nueva institución asumiría la coordinación del Sistema Penitenciario y Correccional, estructurada bajo tres pilares: el ministro de Justicia, el viceministro de Políticas Penitenciarias y Correccionales y el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
Entre las funciones del Viceministerio figuran:
- La coordinación del sistema penitenciario.
- El diseño y supervisión de políticas públicas penitenciarias, correccionales y de reinserción social.
- La vinculación con organizaciones de la sociedad civil dedicadas al área.
Por su parte, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales será responsable de ejecutar y dar seguimiento a estas políticas, siguiendo las directrices del Ministerio de Justicia.
La propuesta también plantea un nuevo modelo de coordinación interinstitucional, que integraría a entidades públicas y de la sociedad civil en un espacio común para la formulación y evaluación de las políticas públicas del sector.
Finalmente, Peralta subrayó que la intención del Poder Ejecutivo es rescatar una figura histórica, suprimida por presiones políticas del pasado, y dotarla de las herramientas legales necesarias para “responder a las necesidades de la población dominicana, particularmente en el ámbito del sistema penitenciario”.
