El abogado y consultor de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, Dary Terrero calificó como imposible la posibilidad de implementar la fiscalización simultánea o automática para la imposición de multas de tránsito en caso de infracción a través de radares digitales.
Terrero enfatizó que para ello primero hay que elaborar un reglamento sancionador como lo establece la ley. Precisó que ese es uno de los motivos por los cuales en el país no se han establecido los montos que corresponden a las multas sujetas al salario mínimo.
«Es decir, que son 10 mil pesos. Por eso en el país aún se están cobrando 1,000 pesos, y 1,600 pesos», señaló el ex vocero del Intrant.
Explicó, además, que para el establecimiento de una medida que está contenida en la ley, debe estar regulada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Es decir, que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) no puede imponer disposiciones sin que actos sean evaluados y autorizados por el Intrant.
Asimismo, Terrero destacó que no es posible identificar a un conductor que haya infringido la ley mediante los radares digitales, ya que, la sanción se aplica a la persona mas no al vehículo. Asimismo, precisó que lo que da autoridad o irrevocabilidad a una sanción es la elaboración de un acta, la cual debe estar firmada por el infractor.
«¿Cómo se firmaría un acta? ¿Cuál sería el procedimiento de establecimiento de una sanción cuando se establece que las sanciones por tránsito deben ser flagrantes?», cuestionó el abogado.
Manifestó que solo sería posible la notificación de la sanción a través de un marbete electrónico que pueda leer el dispositivo y obtener la información del infractor, no obstante, insistió que no es posible en sí la elaboración del acta de sanción solo el aviso.
Consideró que puede haber un «elemento mediático» en el anuncio de los radares digitales, pues, sostuvo que es posible que sea un plan piloto que al final no va a poder ser implementado porque, a su parecer, carece de las bases institucionales y legales.
«Lo bueno sería que las autoridades se aboquen a profundizar en ese sentido, motivar la aprobación del reglamento de sanciones y hacer los requerimientos necesarios para que podamos tener este tipo de dispositivo en todas las carreteras», resaltó.
En este sentido, dijo que es una pena «que nosotros estemos haciendo un anuncio mediático con algo tan serio como la seguridad vial en República Dominicana», concluyó.
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