Política

Diputados califican de anticonstitucional, personal e ilegal medidas del MAP

Diputados de distintas bancadas expresaron su parecer sobre las medidas anunciadas por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, de exhortar a los empleados públicos presentar sus facturas eléctricas y de agua potable, calificándolas de anticonstitucional, personal e ilegal.

El diputado Luis Gómez Benzo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que las medidas le parecen muy personal por parte del ministro Freund, explicando que nada vincula que un empleado público tenga que presentar una factura ante Recursos Humanos.

Gómez aclaró que no comparte las medidas planteadas por el ministro y reiteró, le pareció muy personal.

El diputado por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, aprovechó para denunciar que en la mayoría de los barrios el agua potable está siendo suministrada un día a la semana, dijo que en vez de establecer medidas deberían preocuparse por ofrecer un mejor servicio.

“La gente tiene que comprar tanques de agua, los que pueden, para llenar las cisternas, en vez de exigir el pago, que den aguaque den energía, porque ahora lo que uno paga es apagones”, dijo Crespo.

Mientras que, la diputada del partido oficialista, Liz Mieses, dijo que no está de acuerdo con la noticia, sin embargo, explicó que no es una medida obligatoria y que ya fue aclarado.

Sobre el vaivén del Gobierno con las informaciones que ofrece expresó que “es una forma de ver que este es uno que escucha a la gente y que en base a eso hace sus políticas públicas”.

El diputado peledeísta Charlie Mariotti Jr., se mostró en desacuerdo con el anuncio y expresó que “eso lo que da es risa”, advirtiendo que “lo mucho hasta Dios lo ve”.

En una circular, el MAP instruyó a los organismos gubernamentales a recopilar los datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos, como el agua y la energía eléctrica, por parte de los empleados del Estado.

La medida, dispuesta mediante la circular 018031, ha generado polémica, ya que sectores civiles y la oposición han señalado que podría violar la privacidad de los trabajadores del Estado.

Ayer el presidente Luis Abinader, aclaró que la disposición no es obligatoria y tiene como fin, en parte, apoyar a aquellos con salarios más bajos.

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