REFLEXIONES DEL ANTEPROYECTO DE LEY GENERAL DE CONTRATACION PUBLICA.
Las Normas del sistema de Contratación Publica en América Latina, basada en muchas experiencias, se han elaborado con un alto nivel de formalismo procesal desde el punto de vista jurídico, y orientadas hacia el control y el combate de la corrupción. Sin embargo, el hecho de que carecían y carecen en general de análisis previos respecto a la posibilidad de llevar a la practica lo legislado, mas el hecho, que es nuestro caso, de poseer gran cantidad de artículos, (el actual anteproyecto de Ley General de Contratación Pública, tiene 245), hacen que sea muy complejo su cumplimiento.
A través de los años los niveles de corrupción en la región, y nuestro país, no es la excepción, ello no ha impedido que se den esos casos. La corrupción es un tema cultural y, por tanto, debe atacarse con educción, formación profesional, controles internos (rol de la Contraloría General) y una Cámara de Cuentas activa. La experiencia indica que los países con niveles bajos de corrupción poseen leyes y normas de contratación pública, con escasa cantidad de artículos. Por ello proponemos que, por ejemplo, que las infracciones, es decir los ilícitos penales, así como sus sanciones, que pudieren cometer los funcionarios o servidores públicos, en los procesos de la contratación pública, no deberían estar consignados en el anteproyecto de ley General de Compras y Contrataciones públicas, (ver artículos 238 al 244), estoy a favor, pero deberían estar incluidos, en el anteproyecto del Código Penal, que hoy día se está conociendo en el Congreso Nacional.
Consideramos, que adicional a ello, que lo importante es fortalecer la gestión de los procesos de contratación pública. Ello implica un alto nivel de profesionalidad de quienes interactúan en él. Es indispensable, promover la competitividad, seguir favoreciendo a los sectores productivos nacionales, en los procesos de compra o contratación, es necesario que se tengan reglas claras para los mercados y en esto tiene gran incidencia las normas. Seguir impulsando la estandarización de los procesos, de los documentos estándar, así como la adecuación de los manuales de procedimientos, para que los proveedores encuentren procedimientos similares en todo el sector público, y por lo tanto sepan como presentar una oferta. Históricamente en la Latinoamérica, la legislación en las compras y contrataciones públicas se ha basado en dos pilares fundamentales: La trasparencia y eficiencia, lo que no significa que hasta la fecha hayan existido avances importantes en ninguno de los dos aspectos.
La trasparencia se pregona, pero no manifiesta resultados satisfactorios; y la eficiencia tampoco, muchas veces por motivos basados en las mismas normas, paradójicamente, porque establecen procedimientos extremadamente complejos para el logro de esos objetivos. El avance de la tecnología en materia de contratación publica y la implantación de los sistemas electrónicos, han generado condiciones para simplificar los procesos, pero a veces las normas no acompañan esta evolución. Hace falta hacer reingeniería de procesos adaptados a todas esas facilidades, pensando siempre en la factibilidad de lo que esta expresado en la norma. La Compra o Contratación pública ha evolucionado a través del tiempo para convertirse hoy en una función estratégica para el desarrollo de los estados.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE), hace algunas consideraciones para que las compras publicas dejen de tener un enfoque “burocrático” de solo cumplimiento de normas y pasen a ser gerenciales, con el propósito de obtener un mayor valor por el dinero invertido. Estas están basadas en trabajar más sobre la planificación y el monitoreo, reducir riesgos, identificar necesidades, mejorar los procesos y el cumplimento de los pagos, en tiempo oportuno a los proveedores, y convertirla así en una cuestión estratégica para el desarrollo.
